“Son días muy duros”. Estas palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han acompañado el anuncio del segundo paquete de medidas económicas para amortiguar el impacto en la actividad de la crisis del coronavirus. Una sola cifra de las que contempla este paquete da fe de esa dureza: 200.000 millones de euros, entre fondos públicos y privados, una cantidad similar al 20% del PIB. “Son tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias”, ha añadido al acabar el Consejo de Ministros que ha dado luz verde a las medidas.
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De esos 200.000 millones, la mitad corresponden a una línea de avales pública para que las empresas no se queden sin liquidez. Otros 17.000 millones es dinero para apoyar a los colectivos que van a sufrir el golpe, ha apuntado Sánchez. “El resto se completará con recursos privados. Será la mayor movilización de recursos de la historia democrática de España”, ha esgrimido.
Esa gran cantidad de dinero se concreta en un real decreto de 45 páginas, según una de las últimas versiones, para evitar la destrucción de tejido productivo y activar medidas de protección social para los colectivos más desfavorecidos. “España recorre un camino plagado de sombras y de incertidumbre”, ha continuado Sánchez en otra frase dirigida al concienciar a la población de la dureza de la situación.
El decreto aprobado incluye una moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y para los afectados de la Covid-19. La medida está pensada, según explican fuentes gubernamentales, para trabajadores que pierdan su empleo por la crisis desatada por el coronavirus y autónomos que sufran una caída drástica de sus ingresos por la crisis.
Esta sería la medida más destacada y sigue la estela de lo que se aprobó hace ya días en Italia y ayer en Francia. Formaría parte del “escudo social”, la línea de apoyo a familias que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado al comprometerse a aprobar este martes un segundo paquete de medidas económicas en cuatro líneas: agilización de los expedientes de despidos temporales (ERTE), apoyo a los trabajadores y empresas afectados por las caídas de actividad “y a la emergencia económica derivada del coronavirus”, medidas para garantizar la liquidez de las empresas y una última para impulsar la investigación para conseguir la vacuna contra el virus. Esa moratoria tendrá una duración de uno a tres meses, según las fuentes consultadas.
