Estas reflexiones e ideas corresponden a una consulta con economistas dominicanos, bien establecidos en el ranking de los más prestigiosos local e internacionalmente, y las lanzamos como un aporte para los hacedores de política económica y financiera del gobierno dominicano. Con las mejores intenciones y la búsqueda de ideas lúcidas que nos ayuden a soportar lo que nos viene, con la pandemia de Covid-19, en este ya terrible 2020.
La pandemia global ha puesto al descubierto la fragilidad económica y social de un mundo altamente integrado por las nuevas tecnologías de comunicación, la mejoría de los transportes y la globalización del comercio y las finanzas. A esto se suma la inserción de China a la economía mundial a principios del nuevo milenio (2001) que vino a renovar el colapso de la Unión Soviética de hace casi treinta años (1991). La fragilidad económica y social se refleja en el alto grado de endeudamiento público y privado acumulado en el período posterior a la Gran Recesión del 2007-2009, tanto en los países llamados desarrollados como en los subdesarrollados.
El shock que representa la pandemia para la economía mundial es singular en muchos ámbitos. En especial resalta la envergadura sin precedente de este shock, fruto del estado de coma que los gobiernos de muchos países han inducido en sus economías a fin de proteger vidas humanas. Si bien es cierto que la fase de mayor penuria económica resultará igualmente transitoria que la fase de estricto coma inducido por la que atraviesan muchos países del mundo, parece igualmente claro que la trayectoria de normalización económica será gradual. Basta referirnos a los comentarios expresados por Bill Gates (una de las voces más preclaras sobre la pandemia) este 8 de abril, anticipando que solo al final de 2021 se experimentará una normalización definitiva. En buena medida, Gates hace esta aseveración sobre el sólido supuesto de que una vacuna universal no estará disponible hasta la fecha señalada.
Para responder a la crisis económica producida por la pandemia, el gobierno dominicano ha implementado una batería de medidas de corte fiscal, monetario y financiero de un porcentaje del PIB y una cobertura sectorial marcadamente inferior a las respuestas de muchos países del mundo. Los señalamientos vertidos por altos funcionarios del gobierno sugieren que dicha postura busca marcar un compás de espera a la evolución del virus en el territorio nacional, antes de proceder a responder con medidas económicas más contundentes.
La postura conservadora oficial debe ser corregida lo antes posible dado que implícitamente ignora la naturaleza prolongada y global de los efectos económicos de la pandemia, así como la fragilidad singular de nuestra economía ante esta nueva realidad. Todo esfuerzo debe integrar la participación directa de la oposición política, especialmente del PRM, a fin de inyectar legitimidad a dichos esfuerzos en un contexto nacional e internacional. De paso, este poder de concertación ayudará a acrecentar la credibilidad dentro de la población dominicana. Es de temer que toda renuencia a corregir el curso de la política actual será juzgada por la historia como un craso error de omisión por parte del gobierno de turno.
La necesidad de una mayor y más amplia respuesta de política oficial debe de responder a la realidad nacional dominicana en el contexto internacional. No se puede perder de vista la nueva realidad económica que enfrenta EEUU, nuestro mayor socio comercial, financiero y fuente de remesas así como fuente de turistas y empresas usuarias de zona franca. Los economistas más respetados de Estados Unidos proyectan una contracción económica de un 20% (tasa anualizada) para el primer semestre del 2020 y una contracción de cerca del 5% para el año calendario. Este desempeño de la economía de EEUU sería el más desfavorable en más de seis décadas, incrementando la tasa de desempleo de un 2% en febrero pasado a tasas por encima del 20% en pocas semanas. La desaceleración económica norteamericana repercutirá sobre la economía dominicana por sus múltiples canales de transmisión. El ciclo económico dominicano es altamente sensible al ciclo de Estados Unidos, algo validado en el transcurso de muchos años por numerosos investigadores, incluso del propio Banco Central. La respuesta a la pandemia que hasta el momento ha ofrecido la política oficial dominicana no está a tono con esta realidad.
La desaceleración de la economía de EEUU impactará la economía dominicana aplastando sus resortes principales de crecimiento: turismo, remesas, zonas francas, inversión de cartera e inversión directa. La magnitud del impacto se mostrará por encima de los efectos compensatorios favorables que surgirán gracias al colapso en el precio del petróleo y al alza en el precio del oro. Aunque el impacto sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos será manejable, no puede decirse lo mismo del sector fiscal. No se puede olvidar que las recaudaciones de nuestro país están íntimamente ligadas al consumo privado, incluyendo el turismo, y financiadas en gran medida con capital internacional. A esto se suma el encarecimiento dramático del capital internacional desde el inicio de la pandemia, el cual ha registrado un aumento de casi un 100%, afectando severamente el rendimiento de los bonos soberanos dominicanos en mercados internacionales.
Un mayor desequilibrio en el sector fiscal puede redundar de forma material sobre el equilibrio de la cuenta de capitales del país, dada la alta dependencia del Estado dominicano en los mercados internacionales privados estos últimos quince años. Infelizmente, en un entorno de bajo crecimiento mundial es muy difícil que dicho costo se reduzca en un plazo razonable de al menos doce meses.
Lo anterior arrastra varias conclusiones. En primer lugar, de lograrse una concertación, el dúo gobierno-oposición, encabezada por el PRM, debe de iniciar conversaciones con organismos oficiales internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, AID, entre otros) así como con la banca sindicada internacional con el propósito de conseguir e intermediar líneas de crédito potenciales, no a ser giradas en el corto plazo, de montos equivalentes entre el 5% y 10% del PIB. La obtención de dicho financiamiento contingente serviría para anclar expectativas inflacionarias, cambiarias y de crédito. De esa forma, se garantizaría la integridad del sistema financiero dominicano hasta bien entrado el 2021, tiempo prudente para calibrar de forma adicional toda respuesta de política adicional bajo el nuevo gobierno.
En segundo lugar, el Estado debe prolongar las medidas de apoyo social (ayudas directas a hogares de escasos recursos) hasta por lo menos octubre de este año y posiblemente hasta enero de 2021.
En tercer lugar, habría que reforzar medidas de apoyo al sector agropecuario a fin de salvaguardar la seguridad alimenticia del país, redoblando esfuerzos ya iniciados en medidas acogidas este marzo pasado.
En cuarto lugar, el gobierno debe levantar la vigilancia ante la posible incidencia de abuso de influencia por parte de actores con control en el sector financiero dominicano, el cual sigue exhibiendo atributos de poder oligopólico.
En quinto lugar, la concertación de las fuerzas políticas debe focalizar esfuerzos en proteger el importantísimo sector de micro, pequeñas y medianas empresas, el cual ha estado desamparado en gran medida por las medidas anunciadas hasta la fecha. El aumento sostenido de desempleados en dicho sector, sin mencionar la pérdida enorme de capital intangible que generan dichas empresas, sería incalculable. Asimismo, la historia internacional demuestra que proteger la supervivencia y crecimiento de dichos sectores representa una inversión en mayores niveles de competencia y competitividad mayor para el país a largo plazo a la vez de una sociedad más justa y equitativa.
En pocas palabras, la contundencia de la respuesta oficial actual al shock que viven la economía y la sociedad dominicanas no va a tono con la contundencia del shock pandémico así como el impacto económico duradero que se avecina. Salvaguardar la transparencia y la justicia en el uso de los fondos que necesitará el país estos próximos trimestres resulta de altísima prioridad. Además, este acceso a fondos adicionales forzará al Estado a recomponer el gasto público corriente a tono con las necesidades del momento. Esto podría suponer la reducción de salarios públicos, especialmente de los más altamente remunerados, canalizando dichos recursos al gasto social.
La historia recordará la forma en que nuestros líderes y poderosos, incluyendo a los del sector privado, respondan a las enormes necesidades que experimentarán los más vulnerables de nuestra sociedad.
