El Gobierno estudia aprobar un decreto ley que haría posible la salida de empresas de Cataluña sin necesidad de que organicen una junta de accionistas, según ha informado la agencia Reuters. Es una medida que facilitaría el traslado a compañías como Caixabank, cuyos estatutos no permiten el cambio de sede con un mero acuerdo del consejo de administración, sino que requieren la aprobación de los accionistas. El consejo del Banco Sabadell sí ha podido aprobar el traslado a Alicante debido a que sus estatutos sí lo permiten. Consultado por este periódico, el ministerio de Economía no ha querido hacer comentario sobre este posible decreto.

Las informaciones sobre el decreto llegan después de que el diario catalán Ara asegurase que esta mañana la entidad catalana, ante los escollos para acometer un cambio de sede social por la rigidez de sus estatutos, planteara al Gobierno central un cambio normativo que hiciese más flexible el traslado.

 Según Reuters, que cita dos fuentes, el nuevo decreto está confeccionado a medida para CaixaBank, ya que permitiría a la entidad catalana, el tercer banco español, trasladar su sede social fuera de Cataluña sin necesidad de convocar una junta de accionistas, como actualmente establecen sus estatutos.
“El Gobierno está trabajando en un cambio legal para que no sea ya necesario una junta de accionistas, lo que puede retrasar el cambio de sede social en caso de emergencia”, dice una de las fuentes anónimas citadas por Reuters.
Por el momento, ni el Gobierno ni CaixaBank han comentado la información.

Además de Sabadell, cuyo consejo aprobará esta tarde el traslado a Alicante, otras empresas han anunciado ya el cambio de domicilio social a otras ciudades fuera de Cataluña.

Así lo ha anunciado, por ejemplo, la biotecnológica Oryzon o la teleoperadora Eurona o el grupo odontológico Proclinic Expert, que se trasladan a Madrid. El grupo asegurador Catalana Occidente también ha enviado una nota a sus empleados en los que asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que su actividad pueda desarrollarse “con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica y económica”. Algo parecido afirmó CaixaBank hace dos días.