El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado este miércoles la retirada de su país de la Corte Penal Internacional (CPI) por los intentos de este tribunal de investigar su polémica guerra contra las drogas, que ya ha causado más de 7.000 muertes.

“Declaro e inmediatamente doy aviso, como presidente de la República de Filipinas, de que Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma [la carta fundacional de la CPI]”, expresó Duterte en un documento divulgado a la prensa en Manila, la capital del país, para romper su vinculación con la CPI. En este escrito, el jefe de Estado filipino acusó a la Corte de tratar de imponer su jurisdicción sobre él en una supuesta violación de la presunción de inocencia, más de un mes después de que la CPI iniciara un análisis preliminar para investigar la campaña antidroga. El Gobierno de Filipinas ha argumentado desde entonces que el organismo violaría su soberanía nacional si somete a juicio la guerra antidroga, ya que la jurisdicción de esta materia pertenece a los tribunales locales. De hecho, ya existe en ellos un proceso abierto.

Asimismo, el polémico mandatario señaló a funcionarios de la ONU como autores de “ataques sin fundamento, sin precedentes e indignantes” contra su persona y su Administración, según expresa el documento. El Gobierno tiene intención de remitir de forma inminente el dossier a La Haya, sede de la CPI, un tribunal con 123 miembros en el que brillan por su ausencia importantes potencias como EE UU, China o Rusia.

La CPI recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino, que exigió juzgar a Duterte por asesinatos en masa durante los 22 años (1988-1998, 2001-2010 y 2013-2016) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.

La guerra contra las drogas de Duterte ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar las muertes perpetradas por civiles.