“El banco, en realidad los bancos, ganaron muuuucho dinero con sus movimientos multimillonarios”, escribe el 16 de octubre de 2018 el fiscal Roberson Pozzobon, del equipo de investigación de la Operación Lava Jato —la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil—, en un intercambio de mensajes con otros fiscales. Pozzobon se refiere a los movimientos financieros del banquero y lobbista Adir Assad, detenido en agosto de 2016 por blanqueo de dinero y, presuntamente, implicado en varios escándalos de corrupción. En una conversación a través de la red Telegram, analizada por EL PAÍS a partir de los mensajes filtrados por The Intercept Brasil, los fiscales debatían el caso. Sabían que Assad había abierto una cuenta en la sucursal del banco Bradesco de las Bahamas y la utilizaba para blanquear dinero “a porrillo”. Y que, en 2011, el Departamento de Cumplimiento Normativo, responsable de las normas legales del banco, habría alertado al Bradesco de que algo sucedía con esa cuenta. “¿Y qué hizo el Bradesco?”, preguntó Pozzobon. “Nada”, se responde él mismo, sobre el segundo mayor banco privado de Brasil.
Pasaron por las manos de los fiscales sospechas de delitos graves cometidos por distintos banqueros. Del supuesto silencio sobre transacciones ilícitas hasta el uso de informaciones privilegiadas del Banco Central. Las entidades hacían generosas donaciones a campañas del Gobierno del Partido de los Trabajadores, según declaró el exministro Antonio Palocci en 2017 en su negociación con los fiscales de Curitiba a cambio de una pena menor. El exministro fue encarcelado un año antes por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, implicada en casos de sobornos en toda Latinoamérica. Los fiscales no creyeron a Palocci, aunque él relató las infracciones cometidas por las instituciones bancarias. El banco Safra, por ejemplo, es mencionado 71 veces en las 87 páginas de la declaración del exministro. El Bradesco aparece 32 veces,
Antes de las negociaciones con Palocci, los fiscales suponían que los bancos se lucraban con la corrupción, y preferían el silencio a comunicar a las autoridades movimientos sospechosos de sus clientes, como muestran los mensajes entre los fiscales. Aunque la hipótesis pareciera plausible, el equipo trazó la estrategia de cerrar “acuerdos” con las instituciones financieras acusadas, en lugar de investigar su modus operandi, como hicieron con las constructoras.
Es lo que se constata en el archivo “Ideas y Metas FTLJ 2017_2018”, enviado en uno de los chats en 2016, con un resumen de las acciones para cercar a las constructoras, bancos, políticos y lobbistas.
