Las aguas cristalinas y las blancas playas de la isla de Boracay “huelen a mierda” y se han convertido en una alcantarilla, esto es lo que piensa el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte. El presidente de las polémicas declaraciones ha ordenado el cierre de la esta isla de 50.000 habitantes para los turistas el próximo 26 de abril por un plazo de seis meses (hasta el 25 de octubre). Expertos medioambientales han expresado su desconcierto ya que, al mismo tiempo que el Gobierno impulsa esta medida radical, ha dado luz verde a la construcción de un complejo hotelero de 500 millones de dólares (409 millones de euros), por parte de la empresa china Galaxy Entertainment. Boracay acoge cada año cerca de dos millones de visitantes y genera 1.000 millones de dólares (818 millones de euros) para la economía.
Duterte había culpado en febrero a los hoteles y bares de verter directamente sus aguas sucias al mar de esta isla de 10 kilómetros cuadrados, situada a 300 al sur de Manila, la capital. “Boracay es conocida en nuestra Nación como un paraíso y este cierre temporal tiene como objetivo que las generaciones futuras la conozcan igualmente” ha explicado este jueves el portavoz, Harry Roque.
El Ministerio del Medioambiente había confirmado anteriormente que 195 comercios y 4.000 particulares filipinos no estaban conectados a la red de alcantarillado local. Por ello, las autoridades han tomado la decisión de cerrar la isla para construir nuevas redes de saneamiento, destruir las construcciones erigidas sobre los pantanos y perseguir a los responsables locales y contratistas que hayan violado las normas medioambientales.
Pero antes, el gobierno no había implementado leyes para controlar la ocupación de la tierra ni había realizado estudios de impacto medioambiental, según el antiguo susbsecretario del Medioambiente, Antonio La Vina. El filipino mostró su preocupación por las repercusiones sobre la isla de la construcción del complejo hotelero. “El Casino va en contra de todos los esfuerzos para limpiar Boracay y asegurar que la isla no sobrepase su capacidad de acogida”, ha declarado.
El cierre de esta isla que cuenta con más de 500 hoteles amenaza el empleo de 17.000 de personas que viven del turismo, además de 11.000 que viven de la construcción. “Habrá que pagar las facturas, no sé cómo voy a sobrevivir”, relata preocupado a AFP Manuel Raagas, gerente de un hotel de precios accesibles. Los guías turísticos se han quejado también de una bajada en el número de clientes, tras el anuncio del cierre.
Las aerolíneas, por su parte, han anunciado que reducirán el número de vuelos, y que devolverán el dinero a sus clientes o les ofrecerán nuevos vuelos. Las tres principales del archipiélago (Cebu Pacific, Philippine Airlines y AirAsia Philippines) moverán gran parte de sus frecuencias a otros destinos dentro del país como Cebú, Palawan o Bohol. Cebu Pacific ha anunciado la cancelación de 14 vuelos diarios y la pérdida de entre tres y cinco millones de dólares (2,4 y 4 millones de euros). Los ferries tampoco podrán atracar en la isla, afirmó hace un mes el subsecretario de Medioambiente, Jonas Leones.
Leones advirtió entonces de la posible prohibición de acceso a las playas y que, si fuese necesario, se desplegarían efectivos de la policía. El ministro adjunto del Interior, Epimaco Densing aclaró, “que sean extranjeros o filipinos, no tendrán la autorización de entrar a la isla”.
