VIEQUES, Puerto Rico — Es raro que se escuche el llanto de un recién nacido en los pasillos de lo que apenas puede considerarse un hospital en la isla devastada de Vieques, cerca de la costa de Puerto Rico.
“Se extraña eso”, dijo Dennisse Bermúdez Colón, una enfermera.
El huracán María provocó el cierre de la única sala de trabajo de parto y alumbramiento de la isla, lo que obliga a las futuras madres a viajar, normalmente por vía marítima, al territorio principal de la isla a 12,8 kilómetros de distancia para tener a sus bebés. Tan solo unos pocos partos de emergencia se han realizado en un viejo refugio para tormentas convertido en una clínica provisional.
Casi dieciocho meses después de la tormenta, este arreglo temporal se siente cada vez más permanente. El hospital original sigue cerrado, adentro solo hay escombros de óxido y moho, y alberga a uno que otro gallo y una manada de caballos salvajes cuyos excrementos ensucian el estacionamiento y la estación de ambulancias.
“Si siguen sin hacer nada en el hospital, se deteriora más”, dijo Isabel Encarnación Nazario, de 65 años, una mañana reciente mientras recogía un kit de análisis de laboratorio para su madre enferma de 90 años en la clínica improvisada.
El agonizante hospital de Vieques es uno de los muchos lugares en los que la labor de reconstrucción se ha estancado durante casi un año y medio luego del huracán desastroso de septiembre de 2017. Las reparaciones, postergadas debido a desacuerdos sobre el alcance y el costo del proyecto, aún no comienzan, aunque se supone que la reapertura del hospital es una prioridad máxima.
Incluso antes del huracán María, Puerto Rico ya tenía dificultades financieras y padecía de una infraestructura derruida, además de que muchos residentes se quejan de la malversación del gobierno que exacerbó el impacto de la tormenta, lo cual hace eco de las críticas que se escuchan en Washington.
Sin embargo, los dirigentes puertorriqueños afirman que el retraso de la reconstrucción del hospital de Vieques y de miles de otros proyectos paralizados es un reflejo del trato desigual de parte de la Casa Blanca y el Congreso, el cual no logró aprobar una legislación de ayuda para catástrofes la primera semana de abril a causa de una disputa sobre cuánto dinero debían enviar a la isla.
La discusión ha impedido que la ayuda llegue a otras partes del país, entre ellas los estados del medio oeste que necesitan socorro para inundaciones y los estados costeros que buscan aumentar la protección ante huracanes. La semana pasada, el presidente Trump volvió a acusar a los políticos puertorriqueños de corrupción e incompetencia, con lo que destacó su renuencia a aprobar más fondos para la mancomunidad en quiebra.
“Tanta gente maravillosa, pero con tan mal liderazgo de la isla y con tanto dinero desperdiciado”, escribió Trump en Twitter.
Los legisladores republicanos y demócratas han aceptado proporcionarle 600 millones de dólares a Puerto Rico a fin de atender una necesidad mucho más básica que la reconstrucción: la hambruna. Tras el huracán de categoría cinco, el Congreso autorizó 1270 millones de dólares para el programa de cupones de alimentos de Puerto Rico, el cual aumentó durante un año las prestaciones mensuales de los beneficiarios para que fueran equivalentes a las de los estadounidenses. Esa ayuda terminó en marzo.
“No he comido en dos días”, dijo María Concepción, de 52 años, la semana pasada en el estacionamiento de una oficina local de cupones de alimentos en la municipalidad de Bayamón, afuera de San Juan, la capital. Unos minutos después, rompió en llanto.
Concepción, quien dijo sufrir de epilepsia y cáncer, había caminado durante casi dos horas desde su casa solo para enterarse de que su cita había sido cancelada. Su intención era solicitar más dinero, luego de que recortaron su subsidio a menos de la mitad, a 108 dólares al mes.
“No me da”, exclamó.
Alrededor del 85 por ciento de los alimentos de la isla son importados, lo cual eleva los precios al consumidor. Aproximadamente 1,3 millones de 3,2 millones de puertorriqueños —casi el 43 por ciento de la población— cumplen con los requisitos para recibir cupones de alimentos. La isla ha estado en una recesión económica durante doce años.
“No es mucho, pero es algo”, comentó William Miranda, de 59 años, un conserje que perdió su trabajo después del paso del huracán, dentro de la oficina de cupones de alimentos. “Tratamos de coger todos los especiales que encontramos en los supermercados”, agregó su esposa, Carmen Lugo, de 62 años.
Los demócratas de la Cámara de Representantes han presionado para que se otorgue financiamiento más allá del programa de cupones de alimento, incluyendo 849 millones de dólares para la Agencia de Protección Ambiental a fin de arreglar los sistemas hidráulicos dañados, casi 150 millones de dólares en concesiones de vivienda para que los puertorriqueños puedan reparar sus hogares, y una disposición que solicita a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) pagar el costo total del trabajo permanente en edificios públicos y otro tipo de infraestructuras, tal como lo hizo después de los huracanes Katrina y Sandy.
Es por eso que el gobernador Ricardo A. Rosselló, junto a otros funcionarios puertorriqueños y sus aliados en el Capitolio han definido el paquete de ayuda humanitaria como un punto crítico para la reconstrucción a largo plazo de la isla. La legislación no otorgaría financiamiento directo para proyectos como el hospital de Vieques, pero sí ayudaría a garantizar que los problemas presupuestales del gobierno puertorriqueño no frenen el avance del proyecto.
“Esto afecta todo”, dijo Rosselló, demócrata, en una entrevista. “Entorpece la recuperación. Obstaculiza nuestro objetivo de tener una red energética sustentable, confiable y moderna. Frustra nuestra capacidad de arreglar nuestros sistemas hidráulicos”.
El gobierno de Trump ha cuestionado la habilidad de Puerto Rico para gastar el dinero de manera sensata desde que la mancomunidad le otorgó un contrato de 300 millones de dólares a Whitefish Energy, una empresa de Montana con solo dos empleados. Después, Puerto Rico creó una agencia de recuperación y accedió a realizar una supervisión más rigurosa, aunque algunos residentes aún se muestran escépticos sobre que el dinero se invierta adecuadamente.
“Donald Trump tiene en parte verdad —sinvergüenza que es— porque en Puerto Rico se vive del gobierno”, dijo Encarnación, la residente de Vieques.
La mayor parte de la ayuda que ha recibido Puerto Rico se ha destinado a labores de emergencia, incluyendo la limpieza de escombros y la restauración de la electricidad, tareas colosales que se realizaron a lo largo de casi un año. En 2018, The New York Times descubrió que gran parte de los fondos de la FEMA para la reparación de emergencia de viviendas se destinaba a contratistas que cobraban márgenes de beneficio muy elevados.
Para Rosselló, la lucha para obtener el financiamiento es una cuestión de justicia. Por cada proyecto de reconstrucción a largo plazo después del huracán María, hay 28 proyectos en curso en Texas para atender los daños causados por el huracán Harvey, y 32 proyectos en Luisiana tras el huracán Katrina, afirmó el gobernador. “A Puerto Rico se le están asignando recursos mucho menores y mucho más bajos que a cualquier otra jurisdicción comparable en Estados Unidos”.
Un análisis de la Universidad de Míchigan publicado en enero en la revista BMJ Global Health reveló que los sobrevivientes puertorriqueños del huracán María esperaron el doble de tiempo —cuatro meses— para recibir una cantidad comparable de ayuda individual (casi mil millones de dólares) que los sobrevivientes del huracán Harvey en Texas y los del huracán Irma en Florida, a pesar de que el impacto de María fue más fuerte y devastador porque provocó el fallecimiento de casi 2975 personas en Puerto Rico.
En Vieques, con el hospital fuera de servicio, los pacientes en tratamiento de diálisis tenían que viajar al territorio principal de la isla tres veces a la semana para recibir tratamiento durante más de un año tras la tormenta. Varios pacientes murieron. Finalmente, en noviembre, llegó a la clínica temporal una unidad móvil de diálisis en un reluciente tráiler, lo cual permitió que continuaran los tratamientos a nivel local.
“No fue fácil”, dijo Edwin Alvarado Cordero, un hombre diabético de 58 años. De pie frente a la farmacia en Isabel Segunda, el municipio más grande de los dos que tiene la isla, Alvarado describió sus viajes de tres veces por semana desde Vieques hasta Humacao, los cuales comenzaban a las 4 a. m. y terminaban a las 5:30 p. m.
El año pasado, en el trasbordador con dirección a la isla, Alvarado sufrió un infarto. Se sometió a cirugía a corazón abierto y sobrevivió. A pesar de que ahora puede recibir su tratamiento de diálisis en Vieques, aún viaja periódicamente a San Juan para ver a su cardiólogo. No es común que los especialistas vayan a Vieques.
“Es lejos, pero es mejor allá. Eso lo que es es pasto y caballos. Lo dejaron abandonado”, comentó Alvarado.
