La sequía, los fuertes vientos y la vieja costumbre de desbrozar usando fuego han provocado, en los últimos días, numerosos incendios forestales en una decena de municipios de la región boliviana de Santa Cruz, especialmente en el municipio de Roboré. Los fuegos han abrasado, hasta el momento, unas 470.000 hectáreas de bosques y sembradíos. Aunque amenazan a algunas comunidades campesinas, se mantienen alejados de las áreas urbanas gracias al trabajo de contención del Ejército. Las llamas no han provocado pérdidas humanas y los daños materiales, que se presumen cuantiosos, aún no han sido determinados con precisión.
Este lunes, el presidente Evo Morales sobrevoló la zona incendiada y, aunque dijo haber visto avances importantes en los esfuerzos por controlar los fuegos, subrayó que el desenlace definitivo dependerá del viento, muy fuerte en esta época de año. En esta región boliviana, la temporada de vientos coincide cada año con el periodo de limpieza y preparación de las parcelas. Pese a la prohibición legal, estas actividades se siguen haciendo por medio de quemas (llamadas “chaqueos”) con el objetivo de ahorrarle trabajo al agricultor. Una predilección favorecida por la creencia tradicional de que el hollín mejora la fertilidad del suelo.
La fiscalía prometió que encontraría y procesaría a quienes hubieran provocado los fuegos, pero Bolivia no tiene experiencia en esta clase de investigaciones: habitualmente, la humedad tropical reduce —de forma natural— la extensión e importancia de los incendios forestales. Este año, sin embargo, la escasez de lluvia ha permitido a los incendios prosperar. Además, según los grupos ambientalistas, las llamas también se han visto favorecidas por la mano abierta del Gobierno con el desmonte —la tala de árboles, cuyos ramas a menudo se queman— como parte de su política de impulso a las actividades agrícolas y ganaderas, consideradas prioritarias respecto a la conservación del bosque.
Semanas atrás, Morales suspendió los topes legales a esta práctica en el Beni, región vecina a Santa Cruz, en la que se suele deforestar para habilitar terrenos y destinarlos a la ganadería. Los voceros oficialistas, sin embargo, aseguraron que no existe relación entre estas medidas y los incendios, y que estos se deben exclusivamente a la irresponsabilidad de quienes recurrieron al “chaqueo” para despejar sus terrenos.