El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, al declarar la oposición de esa organización al proyecto para permitir el acceso hasta un 30% de los fondos de pensiones, consideró que con el mismo se busca de «forma irresponsable» intenta aprovechar el marco de la situación sanitaria de emergencia por la pandemia de COVID-19.
Montás atribuyó el proyecto a la finalidad de implementar una decisión de política que puede catalogarse dentro de las políticas propias de la “macroeconomía del populismo de la que, por pasadas experiencias como país, sabemos que es totalmente contraria al bienestar de los trabajadores y de la sociedad; puesto que sus resultados serían negativos a los propios trabajadores y al resto de la ciudadanía».
Resaltó que ya el gobierno, para disminuir el impacto de la pandemia, canaliza recursos fiscales y los ahorros colectivos de los trabajadores, a los propios trabajadores y familias más vulnerables a través de mecanismos que permiten mantener una sana estabilidad macroeconómica, a pesar de los impactos negativos que está teniendo.
Manifestó que el gobierno mantiene políticas sensatas que facilitan una recuperación económica, social y de salud colectiva lo más pronto posible, una vez pasado el actual Estado de Emergencia.
«Nuestra organización, responsable en gran medida de los mejores indicadores de bienestar de la población, no sólo ha escuchado la opinión de especialistas calificados en el tema sino que, de acuerdo a su propio criterio de responsabilidad política, social, fiscal y económica, y actuando con toda la responsabilidad que amerita la situación, se opone y se opondrá de forma clara y firme a dicha pretensión de modificar la Ley 87-01», argumentó.
Sostuvo que al fijar esta posición, el PLD actúa en coherencia con su historial de actuación de responsabilidad, evitando añadir a la crisis de salud, la potencial creación de una crisis económico/financiera con más capacidad de destrucción de tejido social y productivo que las crisis bancarias del pasado reciente.
«Nuestra organización, responsable en gran medida de los mejores indicadores de bienestar de la población, no sólo ha escuchado la opinión de especialistas calificados en el tema sino que, de acuerdo a su propio criterio de responsabilidad política, social, fiscal y económica, y actuando con toda la responsabilidad que amerita la situación, se opone y se opondrá de forma clara y firme a dicha pretensión de modificar la Ley 87-01», argumentó.
Sostuvo que al fijar esta posición, el PLD actúa en coherencia con su historial de actuación de responsabilidad, evitando añadir a la crisis de salud, la potencial creación de una crisis económico/financiera con más capacidad de destrucción de tejido social y productivo que las crisis bancarias del pasado reciente.
