Como un pastel cortado en pedazos, la discusión de la reforma a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) se ha dividido entre los poderes del Estado sin que entre éstos haya algún acuerdo para abordar el tema a través de un solo mecanismo, como ha pasado con otros proyectos en los que se ha logrado un consenso por disposición de los actores políticos.
El Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ministerio de la Presidencia trabajan de forma separada en los cambios necesarios para el sistema de protección social de los ciudadanos.
Por un lado, el senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, encabeza una comisión que se ha reunido con el sector sindical y representantes del sector privado para debatir el régimen de pensiones y a partir del día 12 de marzo han convocado a los directores del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y del Servicio Nacional de Salud (SNS), para iniciar la discusión del régimen sanitario.
También el diputado del PLD, Ramón Cabrera, encabeza una comisión especial de 15 legisladores que tienen a su cargo la reforma de la Ley 87-00.
Un tercer actor es el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien en 2017 dirigió un proceso de consultas con los distintos sectores que intervienen en la seguridad social con la finalidad de elaborar un anteproyecto de ley que sería enviado al Congreso pero que aún no ha llegado.
Para el diputado Cabrera “si no hay volundad del Estado” para reformar la ley no habrá forma de lograrlo porque “en el Congreso no hay la suficiente voluntad” debido a los intereses económicos que hay de por medio.
Mientras que el senador Vargas aseguró que aún están a la espera de que el Gobierno envíe el proyecto y que no han tenido ningún tipo de conversación para que se pueda trabajar en una sola dirección.
“El Congreso está esperando el proyecto que desde hace varios años quedó de bajar del Poder Ejecutivo”, afirmó Vargas, quien considera que el Senado ha hecho los esfuerzos para conformar una comisión bicameral pero dicha opción fue rechazada desde la Cámara de Diputados.
Luego de culminar con el régimen de salud, la comisión presidida por el senador Vargas convocará a un proceso de vistas públicas a los fines de debatir con la ciudadanía la reforma de la seguridad social.
Dentro del proceso de reforma de la Ley 87-01 hay temas puntuales que han generado conflictos de intereses pero que son vitales para la ciudadanía como es la necesidad de ampliar la cobertura en salud que ofrecen las ARS, la extensión del catálogo de medicamentos y los fondos disponibles para enfermedades catastróficas.
Uno de los puntos que han generado más posiciones encontradas es el relativo al régimen de pensiones y la propuesta desde el sector privado de que se incremente tanto la edad de retiro, que en la actualidad es de 65 años, como el monto que aportan los trabajadores.
Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, planteó que no es propicio el momento de incrementar la edad de jubilación o el monto que aportan los trabajadores debido a que estas políticas sólo podrían implementarse en sistemas ya avanzados y en este caso “es un sistema que aún no ha sido funcional”.
Desde la CNUS han propuesto que los trabajadores que han laborado por 30 años o más puedan obtener una tasa de reemplazo de un 90 por ciento del último sueldo devengado; aquellos con 25 años, un 80 por ciento; con 20 años, un 70 por ciento y en ningún caso menos de un 60 por ciento. Según los cálculos de la CNUS, la tasa de reemplazo bajo el sistema actual nunca llegaría a más de un 33 por ciento del salario.
En cuanto a las pensiones, el diputado Cabrera propuso “una reforma general” que obligue a la creación de un “sistema mixto” en el que el modelo de AFP sea complementario y “que se proteja a los trabajadores de menores ingresos”. “Yo me niego a que se aumente la edad de retiro y la cotización si es para caer en el mismo sistema de AFP. Si es para el sistema mixto sí”, indicó Cabrera.
