La Corte Suprema de Brasil ya comenzó a votar si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ser detenido para cumplir una condena de más de 12 años de cárcel por corrupción, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito.
La votación de los once jueces del Supremo Tribunal Federal está 5-1 en contra del “hábeas corpus” que presentó ex ex presidente brasileño. En caso de confirmarse la tendencia, habrá luz verde para que se ordene su detención.
La defensa de Lula (2003-2010) pretende que el STF le permita apelar en libertad hasta agotar las cuatro instancias del sistema jurídico, mientras que la jurisprudencia vigente autoriza que sea detenido tras la condena en segunda instancia que recibió en enero.
La presidenta del tribunal, Cármen Lúcia, llamó a respetar la decisión de la corte, que delibera bajo un esquema de seguridad reforzado y sometido a fuertes presiones de partidarios y rivales del carismático líder de la izquierda.
Seguidores de Lula da Silva en Brasilia. AFP
Los primeros cinco votos de los once que emitirá el Supremo Tribunal Federal (STF) dejaron la pugna 5 a 1 a favor de dar curso a la orden de arresto.
Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato que dejó al descubierto una red de corrupción entre empresarios y políticos, rechazó el recurso al señalar que Brasil ya había sido apercibido en tribunales internacionales por la extensión de sus procesos, que en muchos casos desemboca en una mera prescripción.
Pero su colega Gilmar Mendes emparejó la votación, argumentando que la posibilidad de detener a un acusado tras la segunda instancia dejó de ser una opción para convertirse en un “principio inflexible” de dictar “prisiones automáticas”.
Y propuso una solución intermedia: que la condena sea ejecutada solo después del tercer grado (Superior Tribunal de Justicia, STJ), lo cual permitiría a Lula seguir libre al menos varios meses, hasta que esa corte emita su sentencia.
A su turno, Alexandre de Moraes, Rosa Weber y Luiz Fuxvotaron en contra del ex presidente.
Weber dijo en su discurso que votaba para preservar la jurisprudencia de 2016 que permite detener a un condenado en segunda instancia y no por la Contitución, que habla de completar todas las instancias.
El caso Lula
Lula, de 72 años, fue condenado por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó el habeas corpus ante el STF para evitar su encarcelamiento.
Si su recurso es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
Las tensiones que genera el caso Lula se hacen sentir dentro y fuera del tribunal Entre los jueces, las interrupciones y cruces fueron constantes desde el inicio de los debates.
La Corte en Brasilia trabaja aislada del público. La policía montó un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF).
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Pero hasta media tarde, apenas unos pocos miles de activistas seguían las deliberaciones bajo un cielo gris.
En un inusitado mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes “compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia”.
Villas Boas recibió un entusiasta apoyo del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, segundo en las encuestas electorales, aunque con la mitad de intenciones de voto de Lula. Y también el repudio de políticos, formadores de opinión y de Amnistía Internacional.
La polarización en Brasil dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego.
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Lula seguía la audiencia judicial desde la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo, donde inició un ascenso que lo llevó del gremialismo hasta la jefatura de Estado.
Lo acompañaban varios dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), entre ellas la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.
En otra sala, unos pocos cientos de personas miraban el debate en una pantalla gigante, vestidas con las camisetas rojas del PT.
“Esta noche no dormí. Es uno de los peores días de mi vida. Creo que va a ser condenado (…) Están rompiendo la Constitución y nadie hace nada”, dijo Leonor Mata, una profesora de 60 años, afiliada al PT desde hace más de tres décadas.
