La fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, informó que iniciarán una investigación en contra de la vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, por presuntos cobros de coimas a cambio de mantener puestos de trabajo a asesores cuando era legisladora.
La investigación se abrió después de que el abogado Ángel Sagbay denunciase, mediante declaración juramentada, que trabajó con Vicuña durante dos años y la entonces asambleísta le exigió pagos mensuales.
En el documento, Sagbay señala que ostentó el cargo de asistente de despacho de la exlegisladora desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de mayo del 2012 y que, durante este periodo, habría depositado 300 dólares mensuales“a la cuenta corriente” de la actual vicepresidenta.
“Esta contribución me fue solicitada directamente por la exasamableísta María Alejandra Vicuña, como opción para darme el cargo […] era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA)”, dice el abogado en su declaración.
Después de esa fecha, Sagbay fue ascendido al cargo de ‘Asesor Uno’ en el despacho de Vicuña. Según la denuncia, la exlegisladora le exigió entonces aumentar la contribución a 1.400 dólares, que fueron depositados en la cuenta personal de la política durante los 12 meses siguientes. Sumando todas las contribuciones, Vicuña habría recibido de su exasesor más de 20.000 dólares.
Una vez que la declaración de Sagbay salió a la luz, el exasambleísta Andrés Páez oficializó ante la Fiscalía la denuncia contra Vicuña por ‘concusión’.
“Extorsión”
En conferencia de prensa, Vicuña se defendió de las acusaciones y señaló que se trata de una trama de “extorsión”.
Según la vicepresidenta, Sagbay le ha exigido, desde septiembre pasado, el cargo de gobernador de la provincia de Morona Santiago, de donde es originario, o el de director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Como no cedimos a esa extorsión, porque estamos comprometidos con la transparencia, hoy se hacen públicas estas calumnias”, dijo.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en referencia al tema, dijo que “las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades” de la vicepresidenta.
El pasado 13 de noviembre, la Asamblea Nacional destituyó a la asambleísta Norma Vallejo por hechos similares: cobrar dinero a sus colaboradores, supuestamente para financiar actividades de la organización partidista a la que pertenece, y gestionar cargos públicos.
En el caso de la vicepresidenta, ella goza de fuero de Corte, por lo que la investigación debe ser iniciada por la Fiscalía General del Estado. De hallar elementos suficientes, se sustentará una acusación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, para que el proceso pueda avanzar, la Asamblea Nacional debe autorizar el enjuiciamiento penal, con la aprobación de dos tercios de sus miembros.