Más de la mitad de las camas de los hospitales del estado brasileño de Roraima están acogiendo hoy en día a ciudadanos venezolanos y hay mil ochocientos kilómetros de frontera –cerrada por uno de los lados– que hay que atender, pero esto solo es la cúspide de los efectos secundarios de la crisis entre Brasil y Venezuela.
Roraima viene renqueando durante los últimos años, hasta que la frágil coyuntura política, social y humanitaria del país vecino lo ha llevado al límite. Primero se vio superado por la llegada de decenas de miles refugiados venezolanos; luego fue objeto de una intervención federal por parte del gobierno de Michel Temer, y ahora su gobernador ha declarado oficialmente la emergencia sanitaria.
A principios de diciembre del año pasado, el estado de Roraima no podía ni pagar a sus funcionarios públicos, ni a sus proveedores, ni garantizar el servicio de sus cuerpos y fuerzas de seguridad. Colapsados también estaban el transporte escolar y el sistema de prisiones. La exgobernadora Suely Campos, que ejercía sus últimas semanas en el cargo, fue apartada y su lugar fue ocupado, a título de interventor, por el gobernador electo, Antônio Denarium, que debía tomar posesión el 1 de enero. Temer designó también a dos secretarios para completar el tridente interventor.
Denarium, tras dos meses como gobernador a todos los efectos, acaba de oficializar a través del Decreto nº 26.577-E, del 24 de febrero de 2019, “el estado de calamidad en el sistema de salud pública del estado de Roraima, frente a la crisis humanitaria y de violencia en Venezuela, impactando en el servicio sanitario de los hospitales del estado localizados en los municipios de Pacaraima y Boa Vista”.
