La industria básica constituye uno de los motores de la economía española; tiene un efecto multiplicador de la riqueza y genera más empleo estable, cualificado y de calidad que el sector terciario. Pero su competitividad tiene que afrontar el elevado coste de la electricidad, especialmente en aquellas empresas con un gran consumo de energía eléctrica (electrointensivas).
Para ello es necesario concretar el Estatuto de Consumidores Electrointensivos previsto por el Gobierno español en el Real Decreto Ley 20/2018 de medidas urgentes para mejorar la competitividad. El Real Decreto se daba un plazo de seis meses para elaborar el Estatuto y ya se ha completado una consulta pública para definir las condiciones que deben cumplir dichos consumidores.
¿Cómo se debe actuar para que el precio de la energía eléctrica no dañe la competitividad industrial? Pues, por una parte, convirtiendo en definitiva la supresión temporal del 7% del impuesto a la producción y, por otra, aumentando las compensaciones indirectas por el CO2 que están reconocidas en los Presupuestos. Los derechos de emisiones de CO2 son el precio que deben pagar las industrias contaminantes por liberar dióxido de carbono en la atmósfera. El objetivo de estos derechos de emisión es acelerar la transición desde las tecnologías actuales de producción eléctrica a otras menos contaminantes. Las industrias pueden comprar estos derechos en las subastas que organizan los Estados. El precio del CO2 repercute en el precio de las ofertas de electricidad generada por las centrales térmicas, y cuando marcan el precio marginal del mercado eléctrico elevan el precio de la luz.
