SANTO DOMINGO. La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) realizó este martes una rueda de prensa para presentar su posición sobre el proyecto para la creación de una ley especial que permita el aborto por la tres causales en República Dominicana. Indicaron que como iglesia le compete defender la vida bajo cualquier circunstancia, es por eso que se oponen “radicalmente” a su aprobación.
‘’En todos los países donde las causales se han aprobado, siempre han sido la antesala para poder abrir el aborto en todas sus vertientes. El mismo proyecto presentado en la Cámara de Diputados ya no cuenta con solo tres, ahora son 18”, indicó monseñor Víctor Masalles durante la rueda de prensa.
Dijo que el resurgimiento del tema del aborto en el país no es más que una “cortina de humo del gobierno, para distraer a la población de algunos temas de corrupción que se encuentran en la palestra pública”. “Es bastante sospechoso que este proyecto estuvo engavetado desde el 2017 y de repente vuelva a resurgir, en momentos en que el gobierno es acusado por algunos casos de corrupción, por el manejo de fondos durante la campaña, además de la organización de una nueva manifestación del colectivo Marcha Verde”.
Masalles dijo que el gobierno es indiferente a la aprobación o no del aborto.
Indicó que la tendencia internacionalmente es la erradicación del aborto, como es el caso de Estados Unidos que fue uno de los primeros en aprobarlo, ya algunos estados lo están limitando con la intención de “erradicarlo totalmente”, también Hungría y Polonia han empezado a reformular la ley.
Además de la CED, este martes los Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Humanista Dominicano (PHD), difundieron una declaración pública para defender el “derecho a la vida y la familia”.
Según indica el comunicado, para abrogar el aborto en sus tres causales de excepción a la protección de la vida, sería necesario una reforma constitucional, porque las mismas fueron propuestas, discutidas y rechazadas por la Asamblea Revisora que aprobó la Constitución de 2010. Por lo que se necesitaría un referéndum revocatorio.
“Resulta penoso que toda esta tratativa inconstitucional esté acompañada de campañas aviesas de desinformación y mentiras, estimuladas por ciertos sectores del gobierno y ONG influyentes, con el fin de desorientar a sectores de la sociedad nacional acerca de su verdadero propósito”, indica el documento enviado a los medios de comunicación.