La triangulación que realizó esta semana el gobierno de Nicolás Maduro para vender parte de las reservas de oro a Emiratos Arabes a través de Rusia reavivó el debate sobre la oscura procedencia del metal precioso en Venezuela, y también respecto al enmarañado proceso de extracción que tiene lugar en el famoso Arco Minero del Orinoco, un negocio donde confluyen mafias, mineros furtivos, garimpeiros, traficantes, guerrilleros colombianos y militares dedicados a negocios ilícitos.
Esta cofradía se conformó por decantación a raíz de la inoperancia, la desidia y, obviamente, una alta cuota de corrupción. Comenzó con un interesante proceso de nacionalización de la industria por parte de Hugo Chávez en el 2011, con la intención de diversificar la matriz productiva en Venezuela para no depender tanto del petróleo, y terminó arrasado por los negocios ilegales.
La producción se acható totalmente en los últimos años, pese a que Venezuela tiene uno de los yacimientos más grandes de oro del mundo. Ahora Maduro debió recurrir otra vez a ese metal ante la crisis financiera que padece por las sanciones internacionales y, en especial, ante la pérdida de ingresos por el petróleo.
El engranaje de esa explotación es complejo y absolutamente contaminado por grupos ilegales. Se trata de más de 111.000 km cuadrados cerca del Amazonas -la extensión de Cuba- y se estima que, además de oro, hay reservas de cobre, diamantes, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
“Hay muchos recursos en el arco minero, pero el foco está puesto en oro, diamentes y coltán. Ahí están trabajando por su cuenta mayoritariamente venezolanos, aunque también hay colombianos y brasileños, y el ELN (Ejército de Liberación Nacionalk la guerrilla colombiana)”, cuenta a Clarín el presidente de la Cámara Minera de Venezuela, Luis Rojas Machado.
El especialista señala que había cuatro empresas en la zona cuando se produjo la nacionalización. “Comenzó una especie de proceso de socialización del oro. Se pasó de concesiones de 5.000 hectáreas a parcelas de 10 a 50 hectáreas. Y se las dieron a personas sin recursos industriales ni tecnológicos”. La idea era que produjeran y vendieran el oro al Estado, que así tendría otro ingreso. “Ese era el plan formal, pero falló”, apunta.
“La realidad ahora es que no hay exploración seria, lo que hay es una serie de personas recogiendo piedritas con pico y pala. O haciendo una que otra excavación. Lo hacen en forma artesanal. Abren un hueco hasta que consiguen algo. Y esto está ocasionando una devastación de la selva, una contaminación ambiental gigantesca y daños importantes en los yacimientos”, resalta Rojas Machado.
Vilisa Morón, presidente de la Sociedad Venezolana de Ecología, denuncia que los efectos son más devastadores de lo que se ve: “Se suponía que había la intención de instalar un mecanismo para regular lo que estaba siendo extraído por la minería informal, pero no hay tal vigilancia y no solo se está produciendo una extracción ilícita, sino que tampoco hay un control ambiental ni una obligación de reparar zonas que están siendo deforestadas”.
El otro costado es la comercialización del oro. Al no haber controles, una gran parte termina en el tráfico ilegal. La vía de fuga de esta riqueza son las pequeñas islas antillanas de Aruba, Curazao y Bonaire, ligadas administrativamente a Holanda. A los traficantes les resulta fácil transportar hacia allí el oro, y también diamantes, ya que están a sólo 50 km de la costa venezolana.
En febrero del año pasado un venezolano fue detenido en el aeropuerto de Aruba con una valija repleta de lingotes de oro. Su intención era traficar a Holanda unos 50 kg, con un valor cercano a 1,7 millones de euros.
Según las denuncias de organismos internacionales, en este negocio ilegal están implicados funcionarios chavistas y sectores militares. La situación llegó a tal nivel que el legislador holandés Ronald van Raak, del Partido Socialista (SP), exigió al gobierno de su país que aplique controles más estrictos para detener este contrabando.
“Lo que sucede es que desmantelaron la estructura estatal que había, y se convirtió en un negocio negro. Según la ley, el oro debe comprarlo el Banco Central de Venezuela. Pero no es así. La entidad tiene seis agentes informales que le compran oro para el banco, pero mucho escapa vía Curazao, Aruba, el narcotráfico, los garimperos en brasil. Todas vías ilegales”, relata Rojas Machado.
En 2017 parecía que las cosas se iban a encaminar. El Central comenzó a comprar oro legalmente a través de un ente autorizado. Pero ahí se inició una dura puja interna en el chavismo. El sector que ganó el poder lanzó un plan de depuración llamado “operación manos de metal”, que implicó la eliminación de todo el sector que controlaba la comercialización del oro. Hubo una decena de detenidos. “Lo que buscaban -señala el especialista- era mermar al sistema de comercialización operante, que a pesar de que era tutelado por el Estado no fue aceptado por los nuevos jerarcas, y todo terminó en la informalidad”.
“Tu puedes meter 100 mil personas ahí con palas y picos y vas a conseguir algo de oro, porque la zona es muy rica, pero es efímero, de mala calidad. El verdadero oro está en profundidad. En este momento no hay quien invierta. Hasta los turcos, iraníes y chinos te piden como condición para invertir cierta formalidad en las leyes y en los mecanismos de control”, sentencia Rojas Machado.
Caracas, enviado especial.
