Una alerta roja en las finanzas públicas dominicanas acaba de tronar. Las recaudaciones de los ingresos no financieros del gobierno durante el mes de marzo reflejan una caída que se estima en un 44.8%, lo que representa una pérdida de 22,916.8 millones con respecto a lo recaudado durante el mismo mes de 2019.
Y eso sucede en un momento en que el país pasa por una de sus peores crisis en su sistema de salud que la memoria recuerde, como resultado de los efectos locales de la pandemia del COVID-19, que exige fondos públicos para financiar las contramedidas, y para impulsar la economía que se debilita por la ruptura de su cadena productiva.
Sobre esto se le pregunta al economista Nelson Suárez, quien responde que el país enfrenta “uno de los más trascendentales dilemas que tiene que resolver el gobierno”.
Eso es así, por la drástica caída de las recaudaciones fiscales, en un momento en que urgen “mayores recursos para enfrentar la emergencia sanitaria, mantener la estabilidad económica y atenuar los efectos adversos en el crecimiento”.
Y agrega que estas circunstancias, en medio de un ciclo electoral agrega factores de complicación a la situación.
“El gobierno tendrá que asumir gastos imprevistos y sacrificios fiscales procurando ejercer plenamente su papel anticíclico, lo cual amerita decisiones cruciales y con grandeza de propósitos”.
La mayor caída la registran los ingresos tributarios, que se estima en RD$23,428.4 millones, equivalente a un 49.4% con relación a marzo del 2019.
Dentro de ellos, las recaudaciones del ITBIS se derrumbaron en 62.5%, lo que significa RD$10,524.5 millones menos.
Mientras que las del impuesto sobre los ingresos cayeron en 31%.
Asimismo, las recaudaciones de los impuestos selectivos sobre bienes y servicios cayeron en 63.2%, con relación a marzo del 2019, lo que es una perdida de 5,387.8 millones de pesos.
Igual, los ingresos por impuestos al comercio exterior bajaron en 28.9%, que es RD$941.8 millones menos que en marzo de 2019.
En marzo de 2019, el Gobierno recaudó por esos impuestos un monto ascendente a RD$51,158.8 millones. Pero en marzo de 2020, solo dispondrá de RD$28,242 millones por el impacto del COVID-19 en la economía.
En perspectiva, si lo sucedido en marzo se prolonga durante los próximos cuatro meses, el impacto fiscal será terrible, porque el Gobierno podría dejar de percibir cerca del 17% de lo presupuestado, lo que equivaldría a 117,000 millones de pesos menos.
¿Qué hacer frente este escenario? Suárez responde que deben realizarse “controles y restricciones de gastos no prioritarios”, lo que incluye “a todos los entes y organismos públicos”.
Además de que deben garantizarse el pago de la nómina, los gastos en las llamadas cargas fijas imprescindibles y apropiaciones con compromisos contractuales preexistentes ineludibles.
Asimismo, propone “que se suspenda por los próximos 5 meses” el uso de los balances de apropiación presupuestaria disponibles no comprometidas de todas los entes y organismos públicos. Considera que la excepción se aplique a las entidades que están directamente en el campo de batalla contra el coronavirus, como son el Ministerio de Salud Pública, la Dirección del Servicio Nacional de Salud, la Policía Nacional, las entidades de la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas, los planes sociales y otras prioritarias.
Destaca que esto tiene su fundamento legal en el artículo 45 de la Ley 423-06 del Presupuesto del Sector Público.
Además, propone el congelamiento por el resto del año de la nómina de las restantes entidades y organismos públicos.
Asimismo, sugiere que se reprogramen las obligaciones de la deuda pública procurando la disminución en un 15% del pago de intereses y amortización contemplados para este año.
Igualmente, que se incluyan en esa reprogramación los recursos presupuestado para el 2020 correspondientes a obras que no se podrán concluir en el presente ejercicio fiscal.
También, que se redireccionen hacia las prioridades derivadas de la crisis sanitaria COVID-19 los recursos previstos de fuentes financiera pertenecientes a préstamos para apoyo presupuestario a las prioridades derivadas de la crisis sanitaria COVID-19.
