Trasladarse de un punto a otro en la ciudad brasileña de Fortaleza, en el noreste de Brasil, se ha convertido en misión casi imposible desde que empezó el año. Los ataques incendiarios contra los autobuses han dejado el sistema de transporte público diezmado y han quintuplicado el precio de una carrera de Uber. Las calles están inundadas de basura, que dejó de ser recogida después de que los camiones de recogida fueran atacados. Y los comercios tienen prohibido abrir, bajo amenaza de represalias del crimen organizado. Este caos es fruto de los atentados orquestados por bandas criminales que pretenden paralizar la dispersión de sus líderes presos por presidios federales (para debilitar los grupos). Esta es la primera crisis de seguridad del nuevo Gobierno, que encabeza Jair Bolsonaro y del juez que le acompaña al frente del Ministerio de Justicia, Sérgio Moro.

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