A Guillermo Valencia le tiembla la voz cuando habla de sus hijas. Candidato a la alcaldía de Morelia, la capital del conflictivo estado mexicano de Michoacán, sobrevivió a un ataque armado el pasado ocho de mayo y teme que los sicarios regresen para terminar el trabajo:
– “Me cuesta trabajo hasta despedirme. Quisiera salir sin despedirme de ellas, porque no sé si voy a volver”, explica.
Tras el ataque, que dejó malheridos a su guardaespaldas y su secretaria, Guillermo Valencia reforzó las medidas de seguridad. Ahora se traslada en un coche blindado y utiliza un chaleco antibalas, pero sigue haciendo campaña para las importantes elecciones que celebrará México el próximo seis de junio. Las urnas renovarán el parlamento nacional, 15 de los 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1 900 ayuntamientos.
El crimen organizado han sembrado de cadáveres la campaña: 88 políticos han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral el pasado mes de septiembre y 34 eran aspirantes o candidatos.
– “Esto son mecanismos de control. Y son mecanismos de control funcionales, porque la delincuencia organizada, por fuerte que sea, requiere del Estado para poder operar. Si no está con el Estado, le es imposible operar. Si no está con la comunidad, le es imposible operar”, explica Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano.
A fuerza de asesinatos, agresiones y amenazas, el crimen organizado intenta redibujar a su conveniencia el panorama político mexicano a nivel local. Además de los candidatos asesinados, al menos 18 han renunciado durante la carrera electoral. No quieren seguir la suerte de personas como Alma Barragán, que aspiraba a la alcadía de Moroleón. Falleció el pasado martes tras ser tiroteada durante un acto de campaña. La investigación apunta a que podría tratarse de una venganza contra uno de sus hijos supuestamente relacionado con el narco.
