Este miércoles, 19 menores de edad entre los seis y quince años encabezaron una columna de autodefensas armados en Guerrero, un Estado al suroeste de México. La imagen podría pasar desapercibida en un país sumergido desde hace varios años en un violento conflicto, pero la fotografía reproducida por medios locales es una nueva señal de la descomposición provocada por la inseguridad. Los jóvenes cargaron viejos y oxidados rifles para repudiar el asesinato de diez indígenas nahuas en la región este fin de semana.
Los menores marcharon junto a unas 2.000 personas con el rostro cubierto por pañuelos y vistiendo el uniforme de la policía comunitaria, un cuerpo armado conformado hace 25 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC). Este cuerpo de autoridad alternativa ha hecho frente desde hace varios años a los cárteles de la droga y las organizaciones delictivas que operan en uno de los sitios más pobres del país. El añejo conflicto vivió un nuevo capítulo el viernes 17, cuando una decena de personas del municipio de Chilapa fue ejecutada e incinerada. Los muertos trabajaban con el grupo musical Sensación, que había tocado en un poblado vecino, cuando fueron emboscados cuando viajaban en dos camionetas. La fiscalía de Guerrero ha responsabilizado del crimen a Los Ardillos, una de las bandas criminales locales, quien también estaría detrás de una policía comunitaria rival de la CRAC.
Buscar una explicación a la matanza y a la marcha de los niños soldado obliga a reducir lo irreducible. Chilapa lleva años en guerra. Una guerra templada, anclada a diferentes intereses políticos y económicos, lícitos e ilícitos.
Ruidosa a veces, silenciosa otras. La violencia es causada por el narco, pero el problema se hace más complejo por las disputas del control político en los municipios de la zona, pues estas disputas representan el acceso de recursos públicos en una región donde el 69% vive por debajo de la línea de pobreza. En esta fórmula también entran las luchas por el territorio y el tráfico de la goma de opio, un insumo producido por campesinos locales, quienes han visto reducidos sus ingresos por el ascenso de los opioides sintéticos, como el fentanilo.
Desde la matanza del viernes, integrantes de la CRAC mantienen bloqueados los caminos de Alcozacán, en Chilapa. Exigen la captura de los responsables del crimen y solicitan la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el lugar, además de otras 27 demandas. Para presionar a las autoridades locales, la CRAC mostró el músculo armado. Uno de sus consejeros ha afirmado que los menores fueron capacitados para el uso de armas en una entidad que tiene un 54% de su población sin la educación básica terminada.
