“Las pandillas continúan causando luto y dolor en la sociedad salvadoreña y, junto al crimen organizado, son los principales enemigos de la población y del Estado –dice Sosa–, pero no veo a la PNC y a la Fiscalía en alguna negociación, o relajados antes estos criminales”.
En septiembre de 2020, una investigación del periódico digital El Faro demostró que la administración Bukele mantiene –al menos desde diciembre de 2019– un diálogo con los líderes de las pandillas encarcelados. El gobierno incluso permitió que palabreros en libertad de la MS-13 ingresaran en cárceles de máxima seguridad para reunirse con sus compinches.
En diciembre pasado, en el marco de una tensión creciente entre Washington y San Salvador, los hallazgos de El Faro fueron retomados por la administración Biden, y el Departamento del Tesoro sancionó a dos de los altos funcionarios salvadoreños señalados en la investigación.
RT entrevistó también a Celia Medrano, analista y activista pro derechos humanos. “Las pandillas siguen siendo parte del paisaje en El Salvador”, dice Medrano, para descartar de entrada que la reducción en las cifras oficiales de homicidios se deba a que el fenómeno de las maras se está atenuando.
“La reducción sostenida de homicidios registrados depende más de la voluntad de los grupos pandilleriles que de la acción estatal”, argumenta la analista. “Cuando se va al terreno, se constata que las extorsiones siguen a la orden del día, y que los responsables de este delito [las maras] mantienen control en los territorios y que, lejos de debilitarse, se han vuelto más complejas”, agrega.
Medrano sí cree que la administración Bukele está negociando con la MS-13 y las dos facciones de la pandilla 18, una negociación en toda regla, con concesiones de uno y otro lado. “Es un secreto a voces”, dice. Está convencida de que en el futuro se sabrá “cuál es el precio que se ha pagado, y cuál será el costo pendiente por pagar”.
Menos muertos y menos inseguridad
Al margen de si el diálogo entre la administración y las maras ha dado paso a una negociación en toda regla o no, lo cierto es que los salvadoreños se están matando menos que antaño.
En la primera mitad del quinquenio presidencial de Nayib Bukele las personas asesinadas suman 3.449. En la primera mitad del quinquenio de su predecesor, el expresidente Salvador Sánchez Cerén, los asesinados fueron 14.050.
La reducción, además, no se limita a los asesinatos. En la encuesta de mitad de mandato publicada por la Universidad Centroamericana (UCA) este mes de enero, el porcentaje de salvadoreños que respondieron haber sido víctimas en los últimos 12 meses de robo, extorsión, amenazas o cualquier otro hecho delincuencial se redujo al 8,1 %. Nunca había bajado del 16 % en los años previos al bukelismo.
El año 2022 también ha arrancando con números de violencia homicida que invitan al optimismo. En los primeros 17 días de enero la PNC registró 38 homicidios, para un promedio de 2 diarios. Lejos queda ya, parece, aquel 2015 apocalíptico, en el que El Salvador promedió 18 asesinatos durante 365 días.
