El asesinato de Cáceres ocurrió el pasado 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano. El único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido tras el ataque. Cáceres había sufrido dos atentados fallidos un mes antes de morir. El homicidio provocó indignación más allá de las fronteras de Honduras y expuso las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente en ese país.

El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades indígenas de la etnia lenca, se maquinó en noviembre de 2015, se agrega en el informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres y que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda.

Los expertos sostienen que ha habido una conspiración para obstruir la justicia y proteger a los autores materiales e intelectuales del crimen. “Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (…) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro”, se asegura en el informe. Hay ocho detenidos como perpetradores materiales, pero no se ha desvelado ningún avance sobre las personas que planearon la agresión, se argumenta.

“[El asesinato] fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa”, señalan los autores del informe, que iniciaron la investigación ante la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo de extranjeros que indagara sobre la muerte de Cáceres. La elaboración del documento supuso cuatro viajes a Honduras para entrevistar a 30 personas, así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.

“Estoy sumamente impresionada, no voy a recuperar a mi hija, no la volveré a besar, no la volveré a ver, pero se habrá hecho justicia”, ha dicho a la televisión hondureña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, que ganó el premio Goldman en 2015 y acumulaba una larga lista de amenazas de muerte en 20 años de trayectoria.

“Este informe ha destapado información sobre los verdaderos responsables de este horrendo asesinato”, ha añadido.