SAN ANTONIO, Texas — El juez del tribunal migratorio observó su larga lista de casos pendientes y le dijo al encargado que estaba listo para escuchar el siguiente caso. Era jueves por la mañana.
Ninguna de las personas que estaban adentro del pequeño tribunal se movió, pues todo estaba pasando en una enorme televisión.
En la pantalla, se podía ver a un guardia que escoltaba a una mujer hasta su asiento en una mesa plegable larga, en una habitación espaciosa con paredes blancas. La mujer, una migrante cubana llamada Lorena, había sido transportada en autobús desde México hasta unas instalaciones temporales en la frontera del sur de Texas, en Laredo. El juez estaba 250 kilómetros al noroeste, en un tribunal en el centro de San Antonio.
El caso de Lorena es parte del experimento más reciente del gobierno de Donald Trump en la frontera suroeste de Estados Unidos: tribunales migratorios dentro de carpas.
Los funcionarios federales de Estados Unidos comenzaron a operar los centros en las carpas en Laredo y un puñado de ciudades fronterizas esta semana para aliviar la presión que enfrentan los tribunales migratorios. Es parte de un conjunto de medidas radicales que tienen como objetivo reducir el flujo de familias migrantes desde el otro lado de la frontera. Estos tribunales dentro de carpas, que también se abrirán en Brownsville, Texas, y en Yuma, Arizona, están diseñados para acelerar el proceso de revisión, cuyos largos retrasos han provocado que muchos migrantes vivan y trabajen en Estados Unidos durante años antes de que se resuelvan sus casos judiciales.
Las cortes de carpas están en parte diseñadas para reducir el número de inmigrantes hacia Estados Unidos al hacer que muchos solicitantes de asilo esperen en México durante sus procesos. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló el 11 de septiembre que se instaure una nueva política de mayor alcance, que podría impedir que se pida asilo a solicitantes —la mayoría provenientes de Centroamérica, África y Asia— a menos que ya se les haya negado el refugio en otro país.
En general, las nuevas medidas del gobierno parecen estar surtiendo efecto; funcionarios federales indicaron que hubo una gran reducción en la cantidad de aprehensiones en julio.
Los funcionarios del gobierno estadounidense dicen que exigir a los solicitantes de asilo que esperen en México hasta que se programe la audiencia de su caso judicial —audiencia que en algunos casos sucede ante una corte en carpa— servirá como medida disuasoria para quienes planeaban pedir refugio, y que también será disuasoria la nueva regla que requiere que los migrantes presenten una solicitud de asilo en otro país primero.
“Hasta que el congreso proponga soluciones duraderas y definitivas, la regla ayudará a reducir un gran factor de ‘atracción’ que impulsa la migración irregular a Estados Unidos”, dijo Jessica Collins, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que está implementando la nueva política.
Sin embargo, defensores y abogados de los migrantes señalaron que estas nuevas medidas han tenido un gran costo. Dijeron que los nuevos tribunales dentro de carpas llevan a cabo un proceso hermético parecido al de una línea de ensamblaje al que deben someterse los solicitantes legales de asilo, y dijeron que esta política los ha expuesto a secuestros, ataques y extorsiones. Los funcionarios de seguridad nacional han negado al público y a los medios el acceso a las carpas, pero han permitido que escuchen los procesos vía video desde tribunales como el de San Antonio.
