La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) abandonó Nicaragua este sábado, luego de que el régimen de Daniel Ortega diera por concluido su trabajo en el país y pidiera su retirada pocas horas después de que se publicara un duro informe contra su gobierno.
Antes de partir la mañana de este sábado, la misión, encabezada por el peruano Guillermo Fernández Maldonado, dejó un mensaje de agradecimiento por “las muestras de apoyo recibidas” en Nicaragua, en relación a su trabajo realizado entre junio y agosto.
También reiteró que continuará “monitoreando la situación y acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad desde la oficina regional en Panamá”.
La misión de la Acnudh llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en el que denunció el “alto grado de represión” estatal en las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado “más de 300 muertos y 2.000 heridos”.
En su informe, el organismo acusa al Gobierno de Ortega por el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica”, entre otras violaciones a los derechos humanos, anunció que hará un seguimiento en la distancia de Nicaragua.
También lo responsabiliza de “detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado, frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención, violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión”.
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El presidente nicaragüense rechazó el informe “por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva”.
La decisión del Gobierno, de suspender de forma abrupta la presencia de la Acnudh en Nicaragua, fue criticada por organismos humanitarios internacionales y locales, que lo calificaron como una “expulsión”.
Según el diario local La Prensa, el régimen de Ortega estableció el viernes un plazo de dos horas a la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (Acnudh) para que abandonara Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis en la que se cuentan hasta 448 muertos, según organismos internacionales, mientras el Gobierno de Ortega solo reconoce 198 víctimas.
Las protestas contra Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con información de EFE
