El expediente Odebrecht pendería de un hilo en la Suprema Corte de Justicia. Si el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, determina que el Ministerio Público produjo pruebas defectuosas y las incorporó de manera incorrecta y que, además, no produjo los elementos que justifiquen la acusación de soborno, se cae la teoría del caso.
Contrario a como ocurrió en la República del Perú, el procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, no fue ni envió fiscales a Brasil a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht pese a tener una autorización judicial para hacerlo a través de la cooperación jurídica internacional.
Al solicitar la autorización judicial para interrogar a 30 exfuncionarios de la Constructora Norberto Odebrecht, Rodríguez, reconoció la necesidad de justificar y acreditar los testimonios de los ejecutivos, debido a que las delaciones por sí solas no constituyen pruebas en un juicio de fondo, sin embargo, no lo hizo.
Este martes durante la audiencia preliminar del caso Odebrecht, la defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, mostró la resolución 0073-2017 en la que Ortega Polanco autorizó, el 10 de noviembre del 2017, al procurador o a alguna persona designada por la Procuraduría, a ir a Brasil a producir los anticipos de prueba con los que justificaría la acusación de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores y falsedad en declaración jurada de bienes que imputa a Díaz Rúa, Ángel Rondón Rijo, Tommy Galán Grullón, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez y Jesús -Chú- Vásquez.
Ortega Polanco autorizó a realizar el anticipo de pruebas al exgerente general de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, así como al exgerente de la multinacional en República Dominicana, Marco Vasconcelos Cruz, Emilio Alves Odebrecht, Ernesto Sa Viera Baiardi, Luis Eduardo Da Rocha Soares, Luis Antonio Mameri, Alexandrinho de Salles Ramos Alencar, Claudio Melo Filho y José Caravalho Filho.
De igual manera, a Pedro Augusto Ribeiro Novis, Antonio Daiha Blando, Marcelo Jardim, Fernando Miglacio Da Silva, Hola Mascarenhas Alves Da Silva Filho y Ángel Palmeira Ferreira, entre otros directivos de la empresa brasileña.
Al igual que lo planteado por los abogados del expresidente del Senado, Andrés Bautista, la barra de defensa del exministro Víctor Díaz también solicitó excluir los informes societarios y financieros por tratarse de peritajes no autorizados por el juez ni notificados a las partes.
Ramón Núñez recordó que no es la primera vez que el Ministerio Público incurre en violaciones al debido proceso e indicó que el juez de la Instrucción Especial, Alejandro Moscoso Segarra dio un auto de no ha lugar en beneficio del senador Félix Bautista cuando fue imputado por actos de corrupción, debido a que el Ministerio Público realizó peritajes sin notificarle.
Refirió que el Ministerio Público realizó fuera de plazo el rastreo de las tarjetas de crédito del imputado, historial de consumo y los valores que tiene Díaz Rúa en el sistema financiero nacional, cuando la resolución del juez ordenaba claramente que se tenían que hacer dentro de 15 días.
“Ahí sí es verdad que no hay caso porque qué es lo que queda después de las famosas delaciones aquellas, que no pueden ser pruebas, porque teniendo el camino para hacerlo bien, teniendo la autorización judicial de su señoría, lo hicieron malˮ, dijo Núñez.
Al hacer su defensa material, el exministro cuestionó el accionar del Ministerio Público al únicamente someterlo a él por las obras y adendas firmadas a obras adjudicadas a Odebrecht, cuando –según afirmó- otros funcionarios hicieron lo mismo que él.
En varias ocasiones se refirió a que el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás (Temo), fue “el único que admitió que recibió dinero de Odebrecht” pero su expediente fue archivado por insuficiencia de pruebas.
De igual manera hizo referencia a los montos que aprobó el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a obras que él dejó inconclusas e indicó que en el caso de la autovía El Coral, se autorizaron pagos no respaldados o sustentados en los contratos.
También reconoció que él recomendó a Pittaluga como abogado para brindar un servicio al consorcio integrado por Moya Supervisiones y Odebrecht pero indicó que esa recomendación no implicaba e pago de soborno.
La defensa de Díaz Rúa hizo referencia a los montos que aprobó el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a obras que él dejó inconclusas e indicó que en el caso de la autovía El Coral, se autorizaron pagos no respaldados o sustentados en los contratos. De igual manera, reconoció que él recomendó a Pittaluga como abogado para brindar un servicio al consorcio integrado por Moya Supervisiones y Odebrecht.
