El empresario Ángel Rondón Rijo parece tener dudas respecto a la traducción hecha por los intérpretes judiciales de la Procuraduría General de la República, razón por lo cual pidió al juez Francisco Ortega Polanco instruir a los intérpretes al servicio del tribunal verificar qué significa la palabra “gobernantes” en el idioma portugués.
Previo recesar la audiencia preliminar por los sobornos pagados por la Constructora Norberto Odebrecht, en donde comenzó a presentar sus medios de defensa a la acusación del Ministerio Público, Rondón Rijo interrumpió el discurso que hacía su abogado José Miguel Minier para hacer constar en acta su inquietud.
“Cuando vayan a verificar la traducción de ese delator, Luis Eduardo Da Rocha Soares, yo voy a querer que se determine qué significa en portugués la palabra gobernantes”, refirió el empresario acusado de ser la persona que habría distribuido los pagos indebidos a los funcionarios y exfuncionarios públicos a cambio de obras en beneficio de la empresa brasileña.
Miguel Minier dijo al juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, que él en su condición de juez penalista no puede determinar si los contratos de representación que firmó Ángel Rondón con Odebrecht fueron o no simulados, toda vez que no es competente y porque, además, el Ministerio Público no hizo una separación del concepto de los montos recibidos por el imputado y no hay una auditoría a las 17 obras construidas por la multinacional.
Describió que el propio exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos, establece que Rondón tenía tres condiciones: representante comercial, subcontratista y consorciado, sin embargo, en la acusación se plantea que todos los fondos que recibió fueron para sobornar a funcionarios.
“¿Dónde está la auditoría a todas esas obras de sobreevaluación para aprobar el fraude? No hay forma que este tribunal diga que esos contratos son simulados porque se cometió un fraude, porque no hay auditoría de ninguna obra que demuestre lo contrario”, argumentó el abogado Minier.
De igual manera hizo referencia a que, Luis Antonio Mameri, vicepresidente y líder empresarial del área internacional de energía de Odebrecht para América Latina, dijo que a partir del 2010 era necesaria su autorización para que se realizaran pagos indebidos y que para eso utilizaba una memoria USB para poder acceder a un correo encriptado desde donde autorizaba los pagos, sin embargo, dicho pendrive no fue aportado como prueba.
“En las 1,711 pruebas, 80 disco compactos, no está ese pendrive. Memoria USB que me daba acceso a un correo electrónico encriptado. Mi correo electrónico era u0025@fox.com y a través de los cuales los DC (los directores) se comunicaban conmigo dirigiendo sus solicitudes de autorización para pagos indebidos cuando ocurría una autorización copiada para que este daba seguimiento a la operación de los bancos”, leyó Minier enreferencia a lo dicho por Mameri.
La defensa continuará hoy respondiendo a la acusación formulada contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tommy Galán, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez.
Abogado
