Nicolás Maduro logró el sábado su objetivo: impedir el acceso de la ayuda humanitaria solicitada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó y enviada por sus aliados. Un mensaje que para algunos opositores venezolanos, políticos estadounidenses, exmandatarios de varios países –entre ellos José María Aznar– e influyentes centros de política exterior internacionales justifica una intervención militar de acuerdo con el principio de la responsabilidad de proteger (R2P).
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2005 este concepto, definiéndolo como “la aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. La disposición a tomar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva para tal fin, por conducto del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos demuestren ser inadecuados y las autoridades nacionales no lo estén haciendo manifiestamente”.
Traducido de forma más sencilla: el Consejo de Seguridad puede aprobar una intervención militar en un país donde se esté cometiendo genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad y en el cual el Gobierno no esté protegiendo a la población o sea el responsable de estos crímenes. En la práctica, este concepto no introduce ningún cambio revolucionario ya que a excepción de la legítima defensa, el Consejo de Seguridad debe autorizar siempre el uso de la fuerza contra otro Estado.
