La República Dominicana, en su desarrollo histórico, ha puesto en ejecución varios programas para mejorar el servicio de transporte. Esto ha implicado el nombramiento de nuevos funcionarios. Unido al proceso de una nueva gestión, se produce una publicidad intensa. Y, relacionada con la tarea publicitaria, aparece un discurso pulido y una carpeta de propuestas. Se informa por radio, prensa, televisión y redes sociales, que la sociedad está ante un proceso de modernización del servicio de transporte. En el entorno de los nuevos nombramientos, se desarrolla el fenómeno del currículum. Por ello los nuevos gestores son entrevistados; visitan los medios de comunicación, donde lo primero que se hace es admirar el historial social y profesional del gestor del transporte urbano. La publicidad se activa y penetra los hogares dominicanos, dejando en el inconsciente de las personas la convicción de que los problemas del transporte llegaron a su fase final en el país.

Mientras ocurre lo descrito anteriormente, las calles y avenidas de las ciudades, especialmente en Santo Domingo, se encuentran colapsadas. El parque vehicular de nuestro país es enorme y sin regulación que garantice el equilibrio necesario. La cantidad de vehículos va acompañada de conductores que no conocen ni respetan las reglas de tránsito. Asimismo, no les ponen atención a las orientaciones que promueven los gestores del transporte urbano cuando inician sus funciones. Por esto, los conductores parquean donde les place y como les venga mejor. Los conductores no tienen la cultura de pensar en los ciudadanos que transitan a pie. Tampoco piensan que violan derechos ciudadanos y que los exponen a una muerte rápida.  El problema se agrava cuando los peatones han de cruzar una calle y  cuando han de seguir las orientaciones de los semáforos. Nos encontramos en un contexto en el que para los conductores del transporte urbano ya no hay diferencia entre los colores verde y rojo del semáforo. Todo esto ocurre mientras la publicidad pone énfasis en el plan modernizador  del transporte en República Dominicana.

La situación que viven los peatones se torna más difícil cada día. La inseguridad vial se incrementa y cada vez tiene un impacto mayor en las familias; y en la sociedad en general. Esto se evidencia en la cantidad y diversidad de accidentes de tránsito; también en la cantidad de muertes provocadas por la desprotección vial que viven los ciudadanos. Los peatones están convencidos de que sus vidas están amenazadas; de que ellos no cuentan. Son considerados un obstáculo más por los conductores. Las dificultades viales de los peatones pasan a formar parte de las tareas secundarias de las autoridades. Está claro que no forman parte de sus prioridades. Si lo fueran, el cumplimiento de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad vial; y la educación vial  constituirían ejes vertebradores del trabajo de los funcionarios del transporte. Con pesar, hemos de reconocer que los responsables de afrontar el problema con eficiencia no logran acertar con soluciones pertinentes. Pero los peatones no pueden continuar en un estado de zozobra permanente cada vez que salen a la calle. Esto afecta la salud de las personas y también de la sociedad. Lo mejor es recortar palabras y promesas vinculadas a la seguridad vial y tratar de poner en ejecución la Ley 63-17. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte-INTRANT ha de agilizar el paso para que los peatones dominicanos no terminen pulverizados por el déficit educativo de los conductores y la carencia de un sistema de transporte humano y eficiente. Ha llegado el momento de superar la situación de riesgo cotidiano que viven los peatones en nuestro país. Es un derecho indiscutible e innegociable.