QUITO, Ecuador. Bombas, muertos y ahora el secuestro de periodistas: Ecuador está sufriendo una forma hasta ahora desconocida de violencia en la convulsa frontera con Colombia.
El país que se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia, y en menor medida Perú, quedó envuelto en una espiral de ataques.
Y todo apunta a que el acuerdo de paz que comenzó a extinguir la prolongada guerra en Colombia está en la raíz de sus problemas.
A continuación, algunas claves para entender lo que está ocurriendo.
¿POR QUÉ AHORA?
Los expertos coinciden en que esta inusual oleada de violencia, que ha dejado por ahora tres policías muertos y 45 heridos en cinco ataques en los dos últimos meses, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Es el caso del sureño departamento colombiano de Nariño, fronterizo con la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, donde se concentra la mayor área sembrada con coca, materia prima de la cocaína. Además, es un punto estratégico de la ruta del Pacífico para transportar droga hacia Estados Unidos vía Centroamérica y México.
“En esa zona, 12 grupos pequeños se disputan el control que antes tenían las FARC. Se está viviendo un reacomodamiento criminal, y esa violencia ha pasado también a suelo ecuatoriano”, explica Ariel Ávila, experto en el conflicto armado colombiano de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia.
Ecuador, que alberga los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, sostiene que esta ofensiva es una represalia de disidentes de las FARC por el endurecimiento de su lucha contra el narcotráfico, que ha dejado varios detenidos e incautaciones de toneladas de cocaína.
Sin grandes laboratorios o plantíos de materia prima de esa sustancia, Ecuador ha sido históricamente un punto de tránsito o almacenaje de las mafias colombianas y sus socios mexicanos.
FRONTERA EN CAOS
Con 720 kilómetros, la frontera común está delimitada en varios tramos por caudalosos ríos que cruzan los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo y las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que figuran entre las más pobres y abandonadas de ambos países.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.
“Estas bandas siempre tuvieron una presencia muy activa en la frontera. Con la retirada de las FARC, que regulaban el territorio y no se enfrentaban con el ejército ecuatoriano, todo se volvió más caótico”, explica Daniel Pontón, experto en seguridad.
“Las alianzas y los actores cambiaron alrededor del proceso de paz. Hasta que uno de estos grupos consiga la supremacía”, agrega este catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
Este miércoles, el presidente Lenín Moreno acusó a su exaliado y antecesor Rafael Correa (2007-2017) de haber actuado con “permisividad” con estos grupos.
EL HOMBRE PROBLEMA
Las Fuerzas Armadas colombianas responsabilizan del secuestro del equipo periodístico de El Comercio al ecuatoriano Walter Artízala, alias ‘Guacho’, uno de los hombres más buscados en Colombia y quien se marginó de las FARC tras permanecer en ellas 15 años.
Durante ese tiempo se especializó en explosivos, narcotráfico y finanzas, y ahora se mueve entre ambos lados de la frontera con su grupo de entre 70 y 80 hombres llamado “Oliver Sinisterra”, según el general Alberto Mejía, jefe del comando militar colombiano.
“Cuando recibe presión muy fuerte acostumbra a saltar al Ecuador, y cuando recibe presión de las autoridades ecuatorianas acostumbra a refugiarse en Colombia”, señaló el oficial.
Ecuador, por su lado, no ha señalado a ningún grupo en concreto, pero su ministro de Interior, César Navas, asegura que los captores, con los que se ha establecido un canal de negociación, “no piden dinero como rescate” sino “otros requerimientos”.
“Creo que lo que estos grupos buscan es incidir” mediante estas acciones en la opinión pública para “desviar la atención de las autoridades” y zafarse de la presión en la frontera, comentó Pontón.
De momento, las autoridades de ambos países han evitado lanzar operaciones combinadas – muy resistidas en el pasado en Ecuador -, pero la situación las ha obligado a redoblar el intercambio de información de inteligencia.
Incluso los comandantes militares de cada lado pueden hablar telefónicamente “diez o doce veces al día”, comentó el general Mejía.
