Durante una quincena de minutos, lo cuentan con palabras. Pero el relato de las víctimas y sus familiares impresiona tanto que cuesta creérselo. Si hasta la propia directora, Mabel Lozano, dudó, ¿cómo no iba a hacerlo el público? Así que la cineasta optó por el remedio más directo: las imágenes.
“Tenía que poner esos vídeos para que la gente supiera que ocurre de verdad”, asegura.
De ahí que hacia la mitad de su metraje Tribus de la Inquisición, que opta el sábado al Goya al mejor corto documental, propine un puñetazo en pleno estómago. Hasta entonces, se ha hablado de linchamientos. De repente, ahí están. Una serie de grabaciones aficionadas muestra a varios hombres devorados por las llamas. Cuerpos casi carbonizados se remueven desesperados. De la cabeza de uno no para de salir humo. Arden vivos en la plaza del pueblo, mientras los vecinos los rodean y observan el fruto de su castigo. Nadie interviene. Alguien come patatas fritas, asisten hasta niños. Ivirgarzama, región de Cochabamba, Bolivia, 1 de junio de 2013. El día en que Roberto Ángel Antezana fue atado, golpeado, bañado de gasolina e incendiado junto con cinco familiares. Murió pocas horas después, con el 90% del cuerpo quemado. Había, presuntamente, robado un camión.
“Lo que aparece en el documental es de lo más suave”, agrega la cineasta. Como indicio, lo que describe a continuación.
Ella lo vio en fotos, pero esta vez prefiere limitarse a las palabras: dice que había cadáveres rescatados del río ya mutilados por los peces, cuerpos de jóvenes carcomidos por las hormigas reinas o una madre que desentierra una bolsa de basura de la que sobresale la cabeza inane de su hijo. Presuntos homicidas, ladrones de móviles o de una motocicleta, privados del derecho a un juicio justo, y a la vida.
De todo ello va Tribus de la Inquisición. Resulta que, en pleno siglo XXI, “ojo por ojo diente por diente” sigue valiendo allá donde las autoridades no llegan ni se les espera.
El artículo 7 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional de Bolivia reconoce la “potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originarios campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio”; oficialmente, el linchamiento vulnera la ley del país.
De facto, sin embargo, se produce, se tolera, se ampara y se silencia en más de un municipio. Tanto que, según la película, Bolivia es el segundo país del continente con más casos registrados, tras Guatemala. En 2015 se verificaron 32; en el 90%, no hubo sanción para los agresores. El filme sostiene que es bastante más probable que en la cárcel acabe el linchado, por su presunto crimen. Si sobrevive, claro está.
