Las deshumanizantes imágenes de unos 60 reclusos hacinados por varios días en un bus-cárcel en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este han puesto a la defensiva tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público. Ambos, órganos del sistema judicial dominicano.
Una vez se hicieron virales en las redes sociales y se denunciara a través de los medios de comunicación la condición en que han mantenido a los presos durante esta emergencia nacional, la Procuraduría General de la República trasladó y mantuvo en un autobús-cárcel a los privados de libertad que serían presentados ante los jueces de la referida demarcación; ahora, la fiscalía y la judicatura buscan la manera de ‟limpiarse la manoˮ.
“Es importante aclarar a la opinión pública que no ha sido la PGR quien ha colocado esas personas en ese lugar. Quien los ha colocado ahí, es el Poder Judicial, puesto que había una carcelita que funcionaba en el Palacio de Justicia, y el Poder Judicial la demolió, quedando esas personas sin un lugar adecuado mientras esperan por sus audiencias y/o por las resoluciones de los jueces ordenando el cumplimiento ya sea de su medida de coerción o condena en uno de los centros del sistema penitenciario”, indicó la procuraduría en un comunicado.
Luego de estas declaraciones, la judicatura respondió diciendo que la administración del sistema carcelario está fuera de sus funciones establecidas constitucionalmente, por lo que no tiene control ni responsabilidad con respecto a un camión utilizado por la Procuraduría como cárcel móvil en torno al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.
