Santo Domingo, RD.- El nombramiento de subdirectores distritales es el más reciente escándalo que sacude al Ministerio de Educación (MINERD). Un manejo deliberado de mucho dinero cuya contratación se hizo violando la Ley de Administración Pública durante la gestión de Roberto Fulcar.
Estos nombramientos han provocado que una comisión de 136 directores y subdirectores distritales desplazados denuncien lo que consideran como una arbitrariedad.
De acuerdo con una orden departamental sostenida en el artículo 217, literal “C”, la Ley General de Educación, núm. 66-97 y su Reglamento Orgánico emitido mediante el decreto núm. 645-12 deja por escrito la designación de 121 subdirectoras y subdirectores a nivel nacional.
La designación de estos nuevos subdirectores no solo contradice el Manual Operativo de Distrito de Educación. Va en contra de la ley al nombrar a 121 docentes en cargos inexistentes. Una decisión del ahora exministro Fulcar, que representa un aumento de RD$9, 680, 000 pesos de la nómina del Ministerio de Educación. Que tendrán que ser admitidos en este tiempo de crisis que atraviesa el país.
Con la promulgación de la reciente orden departamental los actuales coordinadores curriculares se dan cuenta que han nombrado a nuevas personas para ocupar su cargo. La designación califica a los nuevos incumbentes como subdirectores. La sorpresa de las nuevas designaciones los sumerge en un nuevo dilema. Por esta razón, se han visto en la obligación de solicitar respuestas ante el MINERD basándose en la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP).
El interés iba más allá de nombrar docentes. Se constató que no existía la necesidad de un nuevo nombramiento más que cumplir con una deuda política. Los nombramientos dejaron a ciudadanos y al Estado en aprietos. Sucedió días después de que el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) restringieran el ingreso de nuevo personal o movimiento de este. Tampoco se permitiría el reajuste del salario en zonas gubernamentales. Estas medidas fueron adoptadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de racionar el gasto público.
