La Amazonia pierde a otro de sus guardianes. Ari Uru-Eu-Wau-Wau, de 33 años, participaba en la patrulla de vigilancia ambiental de su tierra indígena contra la ocupación ilegal de tierra y la deforestación para la extracción clandestina de madera. Su cuerpo apareció sin vida el 18 de abril, víspera del día del Indio en Brasil, en la cuneta de un camino de tierra que lleva para la aldea 621 Jaikara, municipio de Jaru, estado de Rondonia en la región amazónica del norte de Brasil. Su moto también fue encontrada al otro lado del camino.
Ari falleció como resultado de una hemorragia aguda provocada por un impacto en la nuca con un objeto contundente, según apuntó el médico responsable de las pericias médicas. La policía federal levantó en un primer momento la hipótesis de un accidente aunque incluyó posteriormente la posibilidad de homicidio. “No aceptaremos que este caso se trate como accidente de tráfico u homicidio simple sin una investigación seria que considere todo el contexto de invasiones y de amenazas que este pueblo está sofriendo. Hace tiempo que los Uru-Eu-Wau-Wau y sus aliados vienen denunciando la invasión y los asentamientos de no-indígenas dentro de este área, y al mismo tiempo, denunciando las amenazas de muertes recibidas”, expone en un comunicado de la Asociación de Guerreras Indígenas de Rondônia (AGIR).
El joven indígena, que tenía dos hijos de 10 y 14 años, era profesor y agente ambiental en las aldeas indígenas. Tras cumplir con los rituales funerarios, su comunidad enterró el cuerpo conforme a la práctica Uru-Eu-Wau-Wau: sepultado en la arena bajo la hamaca donde solía dormir, en posición sentada y con un penacho de plumas en el pecho en señal de protección. “Queremos que haya una investigación bien profunda y atrapen al responsable de la muerte. Hace cinco años murió otro Uru-Eu-Wau-Wau. Se encontró su cuerpo en el río y nunca tuvimos respuesta de lo que sucedió”, defiende su hermano Tangãe Uru-Eu-Wau-Wau al medio Amazonia Real.
Los Uru-Eu-Wau-Wau tienen una población de 123 integrantes que comparten su territorio con las etnias Amondawa y Oro Win, así como con otros tres pueblos originarios que permanecen completamente aislados, sin contacto con la sociedad mayoritaria pero profundamente amenazados por las incursiones ilegales de los clandestinos.
Otra víctima de la explotación ilegal de la selva amazónica
Ari era primo de Awapu Uru-Eu-Wau-Wau, uno de los más reconocidos líderes de esta etnia que viene registrando diversas amenazas de muerte por el hecho de proteger su territorio contra las invasiones de quienes pretenden extraer ilegalmente recursos naturales. La Tierra Indígena de los Uru-Eu-Wau-Wau es un área natural protegida con una extensión de 1,8 millones de hectáreas. De acuerdo con la ONG WWF-Brasil, este es uno de los últimos grandes remanentes de selva en el estado de Rondonia, motivo por el que está siendo codiciado por un “numero ascendente de invasiones, entre las que destacan la ocupación clandestina de terrenos para apropiación ilegal debido a las medidas de debilitamiento de la vigilancia y la punición por crímenes ambientales”.
Amnistía Internacional realizó una investigación sobre el aumento de asentamientos ilegales para apoderarse de parcelas de la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau y destinarlos a agropecuaria, así como los consecuentes encuentros violentos y amenazas para los líderes que pretenden proteger la selva. Los resultados fueron presentados en forma de denuncia al Ministerio de Justicia que no reaccionó. Asimismo, WWF-Brasil también interpuso otra denuncia tras descubrir una nueva parcela del área indígena devastada por la explotación clandestina de recursos naturales. “No es por falta de información que el Ministerio de Justicia no actúa”, alerta WWF.
“La violencia contra los pueblos indígenas solo aumenta y este crecimiento tiene relación directa con la política genocida del Gobierno de Bolsonaro”
Las comunidades Uru-Eu-Wau-Wau denuncian desde hace décadas las amenazas de muerte a los guardianes de sus tierras y a los líderes de sus comunidades. Además, llaman la atención para la falta de apoyo de los órganos públicos de control ambiental, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), y de políticas indigenistas como la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que pasaron a estar más ausentes desde el año pasado. “Exigimos que las autoridades brasileñas tomen todas las medidas necesarias para investigar la muerte de Ari Uru-Eu-Wau-Wau y para garantizar el derecho de su familia y de su pueblo a la verdad y a la justicia. Es necesario que se esclarezca urgentemente si su muerte está relacionada con la serie de invasiones que su tierra está sufriendo”, expresó Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
El silencio por parte del Gobierno
Los pueblos indígenas, que se han blindado contra cualquier entrada y salida de miembros de sus comunidades para evitar contagios por el coronavirus, denuncian desde el comienzo de la pandemia el riesgo al que están expuestos frente a la entrada clandestina de extractores de recursos en sus tierras. “La violencia contra los pueblos indígenas solo aumenta y este crecimiento tiene relación directa con la política genocida del gobierno de Bolsonaro”, declara la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en una nota en la que, además, recuerda la reciente muerte del profesor y líder indígena Zezico Guajajara asesinado este 31 de marzo. Zezico, que protegía su territorio con el grupo de Guardianes de la Naturaleza de la etnia Guajajara, situada en el estado de Maranhão, es el quinto guardián Guajajara asesinado en los últimos cuatro meses.
“No estamos apenas expuestos al coronavirus. Es imposible proteger las comunidades solo con el aislamiento social, puesto que las invasiones de madereros, buscadores de oro y ocupantes ilegales de tierras continúan violando nuestros derechos, destruyendo nuestra naturaleza y potencializando el contagio de la covid-19”, expone la APIB. Con motivo de la campaña Abril Rojo, un mes destinado a visibilizar la violación de derechos indígenas, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publicó los datos de violencia relativos a 2019, donde informa de que 49.750 familias indígenas en Brasil sufrieron actos de violencia relacionados con conflictos de tierra durante el año pasado. La CPT también alerta para la mayor cifra de asesinatos de líderes indígenas en 11 años: nueve fallecidos y 39 amenazas de muerte. “Todos los días, personas en Brasil arriesgan sus vidas para proteger la selva Amazónica”, declara Human Rights Watch (HRW) en un estudio lanzado en septiembre y titulado Mafias del Ipê: cómo la violencia y la impunidad impulsan la deforestación en la Amazonia brasileña.
Según explica WWF-Brasil, “esta situación se debe a la política del gobierno de Bolsonaro que, además de haber editado la medida provisional MP910 que amnistía el robo de tierras públicas ocurrido en los dos últimos años, está también amenazando con revisar los límites de las tierras indígenas ya demarcadas, como la Tierra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, dando una clara luz verde al crimen organizado que actúa en la selva”. La ONG además subraya que “al no investigar, al no responsabilizar y no punir, el Gobierno se vuelve cómplice de estas muertes”.
Bolsonaro renueva el Consejo Amazónico sin los órganos ambientales ni indigenistas
La FUNAI y el IBAMA, los principales órganos públicos de políticas ambientales e indigenistas fueron excluidos la semana pasada del Consejo de la Amazonia, un órgano que tiene como objetivo asesorar al presidente en la formulación de políticas públicas para la región amazónica brasileña. El vice-presidente Hamilton Mourão anunció la semana pasada la nueva estructura compuesta exclusivamente por militares y delegados de la Policía, después de que Bolsonaro decretase en febrero la transferencia de este Consejo, que desde su creación estaba sobre tutela del Ministerio de Medio Ambiente y pasó ahora a estar dirigido por la vice-presidencia del gobierno. Bolsonaro –quien se muestra opuesto a las políticas de preservación ambiental y respeto a los derechos indígenas– excluye también a los gobernadores de los estados que componen la Amazonia y no incluye ningún portavoz de los pueblos rurales e indígenas, ni de especialistas ambientalistas o indigenistas.
“Si la situación no cambia drásticamente en poco tiempo, se confirmarán las críticas de que (el Consejo Amazonia) es una mera cortina de humo para encubrir la continuidad de destrucción de la región”
El gobierno también creó una misión llamada Fuerza Nacional Ambiental compuesta por policías, militares y bomberos, pero sin actuación visible hasta el momento. No obstante, quien sí reaccionó ante las recientes denuncias de los riesgos por las invasiones ilegales en áreas indígenas fue el IBAMA, que llevó a cabo una redada de expulsión de madereros ilegales a principios de abril. No obstante, la misión recibió una ofensiva indirecta del gobierno que dimitió el 14 de abril a su director de Protección Ambiental del IBAMA, Olivaldi Azevedo. “Si la situación no cambia drásticamente en poco tiempo, se confirmarán las críticas de que (el Consejo Amazonia) es una mera cortina de humo para encubrir la continuidad de destrucción de la región”, declara WWF-Brasil.
