Centenares de ciudadanos del País Vasco y de Galicia no han podido votar.
Son las personas en cuarentena, que están en aislamiento domiciliario por el coronavirus. Una decisión administrativa de los respectivos Gobiernos regionales que los expertos cuestionan.
“Son un escenario inédito y un escenario muy peligroso porque hay que entender que el sufragio activo, el derecho de voto, es un derecho fundamental que no puede ser suspendido por ninguna autoridad administrativa. Para suprimir el derecho a voto de una persona, correctamente inscrita en el censo electoral, es necesario que haya una resolución judicial, un auto, una sentencia firme que quite ese derecho de voto a un ciudadano, a una ciudadana”, ha explicado en declaraciones a Euronews, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade da Coruña, Carlos Amoedo.
En su opinión, las autoridades tendrían que haber establecido fórmulas alternativas para garantizar ese derecho.
“Lo que se tendría que haber hecho es identificar a las personas que están positivas, las positivas con Covid-19, con PCR positiva, y pedir al juez Contencioso-Administrativo de Lugo que corresponda por reparto, que valore si hay alguna alternativa a que esas personas puedan ejercer su derecho a voto de manera segura”, ha añadido.
En España, es habitual que las personas con movilidad reducida o enfermas sean acompañadas a depositar su voto por los servicios sociales.
