Las bandas de narcos paralizan una ciudad brasileña con disturbios en el primer gran desafío a Bolsonaro

Carlos Robério y sus colegas sabían que un ataque sobre el minibús de su cooperativa, radicada en Fortaleza, al noreste de Brasil, era solo cuestión de tiempo. En las últimas noches, miembros de pandillas ya habían destrozado uno de sus vehículos y habían incendiado decenas de autobuses urbanos.

Cuando finalmente llegó el ataque, Robério no pudo hacer mucho más que quedarse mirando las cámaras de vigilancia mientras un grupo de jóvenes bañaba con gasolina uno de sus puestos y le prendía fuego. “Estaba desesperado”, cuenta Robério. “Es nuestra propiedad y así es como nos ganamos la vida y apoyamos a nuestras familias”.

Las autoridades en el estado de Ceará se han visto superadas por un episodio de violencia que ya cumple más de una semana y que ha sido especialmente intenso en la capital, Fortaleza, una región metropolitana donde viven 4 millones de personas.

Las fuerzas de seguridad señalan que tres bandas diferentes de narcotraficantes se han unido para llevar a cabo más de 150 ataques como represalia por una propuesta para acabar con la separación de los miembros de las diferentes bandas en las prisiones brasileñas.

Se han incendiado autobuses, camiones de correos y coches. Comisarías, edificios del Ayuntamiento y bancos han sido atacados con cócteles molotov y explosivos. El domingo, los pandilleros hicieron explotar una central telefónica dejando 12 ciudades sin servicio de telefonía. Otras explosiones han dañado un paso elevado de autopista y un puente.

El episodio de violencia es uno de los primeros desafíos del nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que llegó al poder con sus propuestas de línea dura contra el crimen, entre las que se incluyen tomas militares de ciudades brasileñas y tácticas de seguridad consistentes en disparar a matar.

Hasta ahora, no ha habido muertos, pero el estallido de violencia ha paralizado Fortaleza: autobuses y taxis han interrumpido sus servicios, las tiendas han cerrado durante días y muchos residentes atemorizados se niegan a salir de casa.

Unos 500 miembros de la Guardia Nacional han sido desplegados en la región. Camilo Santana, gobernador del estado de Ceará, señaló el lunes que las autoridades han efectuado 148 detenciones relacionadas con los disturbios. Al menos 20 presos sospechosos de ordenar los actos de violencia han sido transferidos de prisiones estatales a federales.

A pesar del caos, el Gobierno ha afirmado que no dará marcha atrás en su plan de combatir las actividades de las bandas en las prisiones.