El trámite para que el exjuez supremo peruano César Hinostroza, detenido con fines de extradición en Madrid, se ponga a disposición de la justicia en su país va a paso ligero en Lima: la noche del martes, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró procedente la petición dirigida a las autoridades españolas para extraditarlo por su presunta pertenencia a una organización criminal que pervirtió el sistema de justicia y por otros tres delitos de corrupción en agravio del Estado peruano.
El tribunal presidido por la jueza Elvia Barrios emitió la “decisión consultiva” 24 horas después de la audiencia en que escuchó a las partes: la fiscal Besabeth Revilla; el procurador ad hoc para la extradición de Hinostroza, Amado Enco; y el abogado del detenido. Hinostroza fue juez supremo hasta inicios de octubre, cuando el Congreso lo destituyó luego de fuerte presión ciudadana, tanto en las calles como en las revelaciones de periodistas de investigación de varios medios, que exhibieron sus nexos con empresarios y políticos para mantener una trama de beneficios ilegales, sentencias a la medida y tráfico de influencias.
El detenido es investigado por ser el presunto líder de la organización criminal llamada Cuellos Blancos del Puerto, una potente red corrupta que se infiltró en el sistema de justicia y en la que, entre otros, participan empresarios y políticos del partido fujimorista Fuerza Popular. La resolución de este martes se basa en decenas de pruebas, entre ellas, testimonios del expresidente de la Corte Superior del Callao, hoy detenido; escuchas telefónicas realizadas por la policía a petición de la fiscal que investigaba a narcotraficantes en dicho puerto, el informe de la misma fiscal, y resoluciones de nombramiento de personal.
Perú debe sustentar en Madrid el pedido de extradición en un plazo de 80 días contados a partir del 19 de octubre, fecha en que fue detenido por la Interpol en Navalafuente (Comunidad de Madrid), después de haberse fugado de su país el 7 de octubre, a pesar de tener una orden de arraigo.
El fujimorismo, con mayoría en el Congreso, intentó proteger dos veces a Hinostroza en comisiones del legislativo para que no fuera investigado por pertenencia a organización criminal, un delito con una pena mayor que el tráfico de influencias, la negociación incompatible y el patrocinio ilegal.
Contra el abogado peruano pesa también una orden de detención preventiva de 36 meses, debido a que sus acciones generaron una “afectación de gran magnitud al Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura que deriva en una conmoción social de gran envergadura al presuntamente tratarse de una organización criminal que incluso involucraría a funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial”, explicó el juez Hugo Núñez Julca cuando ordenó dicha medida el domingo 21 de octubre.
En declaraciones a EL PAÍS, el procurador encargado de esta extradición señaló que aunque, “en un afán de favorecimiento a Hinostroza, el Congreso no aprobó las acusaciones constitucionales a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura por pertenencia a una organización criminal”, ello no será un obstáculo para el retorno a Perú del detenido.
“La organización criminal no se reduce a Hinostroza y los exconsejeros, están también empresarios presos, abogados presos y funcionarios administrativos”, precisó.
El procurador Enco informó de que en las próximas semanas, en la medida en que la Fiscalía disponga de más pruebas contra el magistrado destituido, las enviarán a España para que el abogado que contratará la Cancillería de Perú defienda la posición del Estado.
De acuerdo con conversaciones en el servicio de mensajería Telegram, Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, dio instrucciones a congresistas de su agrupación para que con sus votos protegieran a Hinostroza en el Parlamento, al igual que al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también señalado por un informe fiscal como miembro de la red de corrupción en el sistema de justicia. Los diálogos fueron divulgados por el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia de solicitud de prisión preventiva de la excandidata presidencial, como prueba de los intentos del fujimorismo de obstruir la justicia.
