Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas postuladas por su partido no es una causal de renuncia automática a la organización, pero sí puede conllevar la expulsión mediante un juicio disciplinario establece el Tribunal Constitucional en la sentencia que declara contraria a la Constitución varios artículos de la Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
En cuanto a la prohibición de “hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido”, establecido en el artículo 8 de la Ley 33-18, el Constitucional considera que con dicha disposición se viola el derecho a la libertad de expresión e información consagrado en el artículo 49 de la Constitución, toda vez que con ello se censura previamente a los afiliados al partido, constituyéndose en un obstáculo para el derecho de estos a emitir sus opiniones cuando sean contrarias al candidato o al partido a que pertenecen, sin establecerse las razones que justifiquen dicho impedimento.
La sentencia TC/441/19 establece que la referida causa es contraria al principio de democracia interna, que es uno de los pilares del régimen de partidos debido a que constituye una sanción anticipada a los militantes políticos y una violación del derecho a un juicio público, oral y contradictorio y a todas las garantías que conforman el debido proceso.
“De conformidad con lo dicho, y a fin de que el señalado texto sea conforme con la Constitución de la República, se dispone que este debe expresar que, en caso de que un militante de un partido, agrupación o movimiento políticos haga pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán su renuncia de manera automática, en respeto del principio a la democracia interna”, declaró el TC.
“Esto así sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad política correspondiente de imponer sanciones contra dicho militante, en cuyo caso la sanción solo será válida si es dictada con ocasión de la celebración de un juicio disciplinario de conformidad con lo establecido en los estatutos partidarios y en el que sean observadas las garantías que conforman el debido proceso”, agregó.
