La Asociación de Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) notificó a la Oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la petición que esa entidad hizo al Presidente Luis Abinader para que ordene una investigación sobre quiénes fueron los funcionarios y militares que supuestamente boicotearon el proyectos de radares para los aviones Super Tucano.
Los aviones Super Tucano , comprados para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas, requieren de las torres de radares para ser utilizados con eficiencia.
Una comisión de la entidad de la sociedad civil entregó a la Embajada de los Estados Unidos (EE. UU) copia de la comunicación dirigida al primer mandatario, donde solicita que instruya a la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) a indagar quienes desde la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas impidieron la instalación de dos radares militares en la base aérea de San Isidro, en el gobierno de Danilo Medina.
Los aparatos darían apoyo a las aeronaves de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) en la vigilancia y seguridad del espacio aéreo nacional y en la lucha contra el narcotráfico transnacional.
En 2009 el Estado dominicana y la empresa Israelí ELta System LTD firmaron un contrato para la compra e instalación de una plataforma de radares tridimensionales para las Fuerzas Armadas, por un monto de 57 millones de dólares, de los cuales las autoridades dominicanas entregaron una partida inicial de US$ 27.5 millones.
La compañía suplidora entregó en 2011 un primer lote de tecnología y equipos que incluyó dos radares 3D, uno de mediano alcance ( 120 millas náuticas) y otros superior de 200 millas, que aún se encuentran sin instalar.
Recientemente, una fuente militar confió a periodistas de acento.com.do que altos oficiales y funcionarios del Palacio Nacional en la pasada gestión de Danilo Medina, habrían maniobrado para que el proyecto no se ejecute.
El presidente de C3, abogado Reemberto Pichardo Juan, entiende que deben ser ubicados, apresados y sometidos a la justicia las personas que supuestamente impidieron la instalación de los radares que darían apoyo a los aviones Super Tucano en la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos conexos.
Pichardo Juan sostiene que el Departamento Nacional de Investigaciones es la entidad oficial que debe realizar la investigación porque la misma podría involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas y altos funcionarios del Palacio Nacional de la pasada administración.
El documento remitido al primer mandatario y luego a la DEA subraya que “estos agentes del narcotráfico que fungen ante la sociedad como políticos y militares ha logrado permanecer ocultos en su actividades criminales y a su vez enquistado en las altas esferas del Palacio Nacional y las Fuerzas Armadas, sin consecuencia alguna».
Lo que permitió, según la entidad contra la corrupción, que el narcotráfico tanto de puente hacia los Estados Unidos y Europa como de consumo interno incrementará sus operaciones ilícitas de manera exitosa.
En su instancia al Presidente Abinader, los abogados apoderados Reenberto Pichardo Juan, Calorina Marines y Freddy E. Ureña sostienen que agentes del narcotráfico que se encontraban y probablemente aún se encuentran dentro del Palacio Nacional y los cuerpos castrenses serían una amenaza directa a la seguridad interna del país.
