SANTO DOMINGO. La decisión de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de variar la coerción a los siete imputados que estaban presos por la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, generó disgusto entre los residentes de ese barrio.
El dirigente comunitario Fernando Morillo, quien forma parte de la directiva del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, expresó que la decisión desacredita al sistema de justicia.
Mientras que Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que a pesar de la intranquilidad que generaron a los moradores de ese barrio de Santo Domingo Este, la Justicia ha sido benévola con los imputados.
Sin embargo, pese a ser favorecidos con un cambio de medida de coerción, los implicados en ese caso se mantendrán en Najayo hasta que aporten las garantías económicas millonarias que les impusieron pagar en efectivo, además de los costosos brazaletes electrónicos.
A Julio Gómez, Manuel Aybar y Juana Inés Gómez, la Corte les impuso el pago de 5 millones de pesos en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General de la República, además deberán usar grilletes, estarán sujetos a la prisión domiciliaria y no podrán salir del país.
Leoncio Almánzar, José de Pool Dominici y Carlos Gómez deberán pagar una garantía de 10 millones de pesos en efectivo. Mientras que a Domingo Lebrón le impusieron el pago de tres millones.
El grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos con la supuesta venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos. Entre los delitos cometidos figura la prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos.
