Emmanuel Macron ha puesto en marcha una reforma institucional que incluye una revisión de la Constitución y que podría desembocar en un referéndum en caso de resistencias en la oposición. El primer ministro, Édouard Philippe, presentó este miércoles las líneas maestras de una propuesta que debe reducir en un 30% el número de parlamentarios y limitar a tres sus mandatos. La reforma permitirá elegir al 15% de diputados por un sistema proporcional que represente mejor la diversidad partidista del país. La Constitución se enmendará para mencionar a Córcega, la isla mediterránea gobernada por los nacionalistas.
“No se trata ni de regresar a la IV República ni de pasar a la VI”, dijo Philippe, en alusión de los sucesivos regímenes democráticos franceses, que cambian de número con cada nueva Constitución. “Se trata, al contrario, de regresar a las fuentes de nuestra V República, en la que el Gobierno gobierna y el Parlamento legisla y controla”.
El primer ministro presentó la propuesta como el resultado de las conversaciones con la mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional y la mayoría conservadora en el Senado. “Juntos hemos podido construir las bases de un acuerdo posible”, dijo.
Philippe contempla que las tres propuestas legislativas de las que consta la reforma se aprueben en la Asamblea Nacional y el Senado antes del verano, y que la versión final se adopte en 2019. El calendario supone un retraso de varios meses respecto al plazo de un año que Macron fijó en julio de 2017.
La primera parte de la reforma consiste en una ley constitucional, que requerirá, tras ser aprobada, el voto de tres quintas partes de la Asamblea y el Senado en sesión conjunta o bien la ratificación en referéndum.
Las enmiendas constitucionales consistirán en introducir una mención a Córcega. La mención a la isla “permitirá adaptar las leyes de la República a las especificidades insulares, pero bajo el control del Parlamento”, dijo Philippe. Esta flexibilidad se aplicará a todos los municipios, departamentos y regiones francesas en el marco del pacto girondino, o descentralizador, que promueve el presidente.
La reforma acabará con la presencia de expresidentes en el Consejo Constitucional y abolirá el Tribunal de Justicia de la República, que juzga a miembros del gobierno por crímenes y delitos cometidos durante sus funciones. También introducirá en la Constitución “el imperativo de la lucha contra el cambio climático”.
La segunda parte de la reforma consiste en leyes ordinarias y orgánicas para cambiar, sin enmendar la Constitución, la composición del Parlamento y el sistema electoral.
A partir de 2022, el número de diputados en la Asamblea Nacional pasará de 577 a 404, y el de senadores, de 348 a 244. Tanto los parlamentarios como otros cargos electos —la única excepción serán los alcaldes de municipios de menos de 9.000 habitantes— sólo podrán ocupar su cargo tres mandatos consecutivos.
La introducción de una dosis de sistema proporcional significará que 61 de los futuros 404 diputados en la Asamblea Nacional se repartirán entre los partidos en función de los votos que reciban. Supone una corrección al actual sistema mayoritario por dos vueltas, que sobrerrepresenta a los vencedores y anula a los derrotados. En 2017, por ejemplo, el Frente Nacional fue el segundo partido más votado en las presidenciales, pero en cambio es marginal en la Asamblea Nacional.
Las resistencias a la reforma de las instituciones vienen sobre todo del Senado, donde Los Republicanos, el partido tradicional de la derecha moderada, son mayoría.
Uno de los reproches al proyecto es que acabe alejando a los parlamentarios de sus votantes: serán menos y representarán a más ciudadanos que ahora. Otra crítica es que el plan refuerce al poder ejecutivo frente al legislativo, que en la Constitución de la V República ya es débil en comparación con otras democracias occidentales. Si las cámaras parlamentarias bloquean la reforma, el presidente ha amagado con organizar un referéndum.
