Desde 1946, las islas de Guadalupe y Martinica, en las Antillas, son departamentos franceses a todos los efectos. Pero hay hechos que, a sus habitantes –en su mayoría descendientes de esclavos traídos de África– les recuerdan el doloroso pasado colonial. Existe desde hace años una gran rabia, un sentimiento de abandono, por un enorme escándalo medioambiental: la contaminación causada por la clordecona, un pesticida muy tóxico y cancerígeno, presente en la tierra, el agua y la sangre de personas y animales.
Ha costado mucho que Francia –la metrópoli (un término que aún se sigue usando)– reconozca su culpa. Lo hizo ya, en parte, el presidente Emmanuel Macron durante su visita a Martinica, en septiembre del 2018. Ahora es el Parlamento de París el que, en un exhaustivo informe de 178 páginas, pone negro sobre blanco. El documento, al que ha tenido acceso La Vanguardia y que será hecho público el próximo lunes, es fruto de seis meses de trabajo y de 150 audiciones de testimonios. En él se afirma que el Estado es “el primer responsable” de lo sucedido, por la dejadez y la lentitud en abordar el problema, pese a que los riesgos eran de sobras conocidos.
Efectos cancerígenos
El agente causante fue la clordecona, usada en las plantaciones bananeras
En Guadalupe y Martinica se utilizó masivamente la clordecona, entre 1972 y 1993, en las plantaciones bananeras. Era el arma principal para combatir la plaga del gorgojo negro. Se calcula que se esparcieron 300 toneladas del pesticida, casi el 17% de toda la producción mundial de este producto. En las Antillas francesas continuaron empleándolo muchos años después de que fuera prohibido en otros países, incluida la Francia continental. Según indicó a este diario un portavoz de Asprocan –la asociación de productores de plátano de Canarias–, nunca se recurrió a la clordecona en las plantaciones canarias. España sí lo usó en la industria, pero su comercialización se prohibió en 1986. En Alemania la utilizaron contra la plaga de la patata. Se prohibió en 1980 en la RFA y en 1983 en la RDA (la Alemania comunista). En Estados Unidos fue proscrita en 1976, después de una catástrofe medioambiental en una fábrica en Hopewell (Virginia) que contaminó el estuario del río James.
