SANTO DOMINGO.-El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este miércoles que si bien el gobierno dominicano tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, “hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”.
En su acostumbrado informe anual sobre los Derechos Humanos correspondiente a este año, el departamento de Estado indica que el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad” y destaca que el Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave.
Indicó que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, dice el informe.– publicidad —
Señala que la constructora brasileña Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
“Después de que este informe se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”, precisa.
El informe también se refiere a los casos de violación a los derechos humanos de parte de la Policía Nacional, el caso Marino Zapete, casos de discriminación a personas viviendo con VIH, entre otros temas.
A continuación el texto completo del informe:
Informes de país de 2019 sobre prácticas de derechos humanos: República Dominicana
11 DE MARZO DE 2020
Resumen Ejecutivo
La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En 2016, Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue reelegido presidente por un segundo mandato de cuatro años. Observadores externos imparciales evaluaron la elección como generalmente libre y ordenada.
La Policía Nacional y la Policía de Turismo mantienen la seguridad interna. Reportan al Ministro del Interior y de la Policía y, a través de él, al presidente.
La Autoridad de Seguridad del Aeropuerto, la Autoridad de Seguridad Portuaria y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad doméstica e informan al Ministerio de las Fuerzas Armadas y, a través de ese ministerio, al presidente.
La Dirección Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la policía como de las fuerzas armadas, informa directamente al presidente. El Departamento Nacional de Inteligencia informa directamente al presidente. Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad doméstica. Las autoridades civiles generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.
Entre los problemas importantes de derechos humanos se incluyen informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno; Detención arbitraria; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; interferencia arbitraria con la privacidad; graves problemas con la independencia del poder judicial; difamación criminal para periodistas individuales; grave corrupción gubernamental; violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); y trabajo forzado e infantil.
El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios.
Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la libertad de:
- PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA Y OTROS ASESINATOS ILEGALES O POLÍTICAMENTE MOTIVADOS
Según datos del gobierno, más de 3.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2007 y marzo de 2019. De este número, se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), una organización no gubernamental (ONG), informó que a partir de octubre hubo más de 70 ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía en 2019. Aunque esto representó una disminución de aproximadamente un 30 por ciento desde 2018, los medios y la sociedad civil reconocieron que Muchos de estos casos no se denunciaron debido a la falta de fe en el sistema de justicia para presentar cargos. Según el informe, solo el 5 por ciento de estos casos fueron llevados a juicio en los últimos 15 años. La policía informó que 31 funcionarios fueron retirados del servicio entre junio de 2016 y febrero de 2019 por participar en homicidios.
- DESAPARICIÓN
No hubo informes de desapariciones por o en nombre de las autoridades gubernamentales.
- TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
Aunque la ley prohíbe la tortura, las palizas y el abuso físico, hubo informes de que miembros de la fuerza de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo tales prácticas.
La NHRC informó que la policía utilizó varias formas de abuso físico y mental para obtener confesiones de sospechosos detenidos. Según la NHRC, los métodos abusivos incluían cubrir las cabezas de los detenidos con bolsas de plástico, golpearlos con mangos de escoba, obligarlos a permanecer de pie durante la noche y golpearlos en los oídos con puños enguantados o espuma de muebles dura para no dejar marcas.
En marzo, Amnistía Internacional publicó un informe que detalla incidentes de violación y abuso policial por parte de las trabajadoras sexuales. Casi la mitad de las víctimas eran mujeres transgénero. Testificaron que la policía los violó a punta de pistola y amenazó con arrestarlos o matarlos si no cumplían con las demandas sexuales de la policía. El informe sugirió que los coroneles y otros altos oficiales de policía participaron en estos actos.
CONDICIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE DETENCIÓN
Las condiciones de las cárceles iban desde el cumplimiento general de las normas internacionales en las cárceles de «modelo nuevo» (centros correccionales de rehabilitación o CRC) hasta las duras y potencialmente mortales en las cárceles de «modelo antiguo». Las amenazas a la vida y la salud incluían enfermedades transmisibles, condiciones sanitarias inadecuadas, atención médica inadecuada, falta de guardias de prisión bien entrenados y violencia entre prisioneros, todo lo cual se exacerbó en las cárceles antiguas, severamente superpobladas.
Condiciones físicas : el hacinamiento fue un problema en las cárceles de modelos antiguos. La Dirección de Prisiones informó que, a partir de septiembre, había 17.428 prisioneros en las cárceles de modelos antiguos y 9.354 en los CRC, una proporción que se mantuvo constante durante los últimos años porque las cárceles de modelos antiguos no se habían eliminado. La Victoria, la prisión más antigua, tenía 7.758 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2.011. La población de reclusos en las 19 cárceles del antiguo modelo excedió la capacidad, mientras que solo uno de los 22 CRC superó su capacidad.
Los reclusos policiales y militares recibieron un trato preferencial, al igual que aquellos con los medios financieros para alquilar un espacio preferencial para camas y comprar otras necesidades.
Según la Dirección de Prisiones, el personal militar y policial vigilaba las prisiones antiguas, mientras que un cuerpo civil capacitado vigilaba los CRC. Los informes de maltrato y violencia en las antiguas cárceles modelo eran comunes, al igual que los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de visitantes de la prisión. Algunas cárceles antiguas permanecieron efectivamente fuera del control de las autoridades, y hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual. Los guardias de las antiguas cárceles a menudo controlaban solo el perímetro, mientras que los internos controlaban el interior con sus propias reglas y sistema de justicia. Aunque la ley ordena la separación de los prisioneros según la gravedad del delito, las autoridades no lo hicieron.
En las antiguas cárceles modelo, las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas. Los presos a menudo dormían en el suelo porque no había camas disponibles. Los funcionarios de la prisión no separaron a los reclusos enfermos. Los retrasos en la recepción de atención médica fueron comunes tanto en las antiguas cárceles como en los CRC. Todas las cárceles tenían enfermerías, pero la mayoría de las enfermerías no satisfacían las necesidades de la población carcelaria. En la mayoría de los casos, los reclusos tenían que comprar sus propios medicamentos o confiar en los miembros de la familia o asociados externos para que les dieran medicamentos. La enfermedad fue la causa principal de muertes reportadas en el sistema penitenciario. Según la Dirección de Prisiones, todas las prisiones proporcionaron tratamiento contra el VIH / SIDA, pero la CNDH declaró que ninguna de las antiguas cárceles modelo estaba debidamente equipada para proporcionar dicho tratamiento.
En los CRC, algunos presos con discapacidades mentales recibieron tratamiento, incluida terapia, para sus afecciones. En las antiguas cárceles, el gobierno no prestaba servicios a los presos con discapacidad mental. El gobierno informó que había instalado rampas para sillas de ruedas en algunas cárceles para prisioneros con discapacidades físicas. Las ONG afirmaron que la mayoría de las cárceles todavía no proporcionaban acceso a los reclusos con discapacidad.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que los centros de detención de migrantes no estaban equipados adecuadamente para dar cabida a un gran número de detenidos y en ocasiones estaban superpoblados. Los representantes de la OIM señalaron que los centros necesitaban mejores instalaciones sanitarias, mejor acceso al agua potable y más estructuras para proteger a los detenidos del sol. La Dirección General de Migración generalmente proporcionó alimentos a los detenidos en la frontera con Haití, pero a veces solicitó el apoyo de la OIM.
Administración : Las autoridades investigaron denuncias creíbles de maltrato.
Monitoreo independiente : El gobierno permitió visitas a prisiones y monitoreo por observadores no gubernamentales, organizaciones internacionales y medios de comunicación financiados y operados de manera independiente. La NHRC, la Oficina Nacional de Defensa Pública (NOPD), la Oficina del Fiscal General y la administración de prisiones de la CRC crearon juntas comités de derechos humanos en cada CRC que estaban autorizados para realizar visitas sorpresa. El acceso a los centros de detención de migrantes para su seguimiento no se otorgó sistemáticamente a las organizaciones de derechos humanos.
- ARRESTO O DETENCIÓN ARBITRARIA
La constitución prohíbe la detención sin una orden judicial a menos que las autoridades detengan a un sospechoso durante la comisión de un delito o en otras circunstancias especiales. La ley permite la detención sin cargo por hasta 48 horas. La constitución establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su detención en la corte, y el gobierno generalmente cumplió con este requisito. El arresto y la detención arbitrarios fueron problemas, y hubo numerosos informes de personas detenidas y luego liberadas con poca o ninguna explicación de la detención. Las ONG informaron que muchos detenidos fueron detenidos en la escena de un crimen o durante una redada de drogas. En muchos casos, las autoridades tomaron huellas digitales, interrogaron y luego liberaron a los detenidos.
PROCEDIMIENTOS DE ARRESTO Y TRATAMIENTO DE DETENIDOS
La ley establece que una persona acusada puede ser detenida por hasta 48 horas sin una orden judicial antes de ser presentada a las autoridades judiciales. La ley también permite a la policía detener sin una orden de arresto a cualquier persona atrapada en el acto de cometer un delito o razonablemente vinculada a un delito, como los casos que involucran persecución caliente o prisioneros escapados. La policía a veces detuvo a sospechosos para investigación o interrogatorio por más de 48 horas. La policía a menudo detenía a todos los sospechosos y testigos de un delito. Las exitosas audiencias de hábeas corpus redujeron significativamente los abusos de la ley. Había un sistema de fianza en funcionamiento y un sistema de arresto domiciliario, pero estas disposiciones rara vez se usaban en casos que involucraban a extranjeros.
La ley exige la provisión de asesoramiento a los acusados indigentes, aunque los niveles de personal eran inadecuados para satisfacer la demanda. El NOPD brinda asistencia legal gratuita a quienes no pueden pagar un abogado. En marzo, el director de NOPD declaró que NOPD tenía solo 124 abogados, y muchas provincias no tenían representación de NOPD. Muchos detenidos y presos que no podían pagar un abogado privado no tuvieron acceso inmediato a un abogado. Los fiscales y los jueces manejaron los interrogatorios de menores, ya que la ley prohíbe los interrogatorios de menores por o en presencia de la policía.
Arresto arbitrario : la policía realizó barridos o rodeos esporádicos en comunidades de bajos ingresos y alta delincuencia durante las cuales arrestaron y detuvieron a personas sin orden judicial. Durante estas operaciones, la policía arrestó a un gran número de residentes y confiscó bienes personales presuntamente utilizados en actividades delictivas.
La OIM informó casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de personas percibidas como tales, detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar documentos de inmigración o ciudadanía de sus residencias. También hubo informes de deportaciones de niños no acompañados y de deportar a mujeres que dejaron a niños atrás.
Los representantes de la organización de la sociedad civil dijeron que algunas deportaciones consistían en llevar a personas a través de la frontera sin ningún registro de hacerlo. La OIM informó que la Dirección General de Migración se refirió a estos casos como «devoluciones» o «no admitidas», y que no existe un debido proceso para tales operaciones. La OIM trabajó con el gobierno para establecer un sistema para personas no admitidas.
Detención preventiva : muchos sospechosos soportaron una larga detención preventiva. Un juez puede ordenar la detención entre tres y 18 meses. Según la Dirección de Prisiones, a septiembre, el 67 por ciento de los reclusos en las cárceles de modelos antiguos estaban bajo custodia preventiva, en comparación con el 51 por ciento de los presos en los CRC. El tiempo promedio de detención preventiva fue de tres meses, pero hubo informes de detenciones preventivas que duraron hasta tres años, incluidos casos de ciudadanos extranjeros. El tiempo cumplido en prisión preventiva cuenta para completar una sentencia.
El hecho de que las autoridades penitenciarias no produjeran detenidos para audiencias judiciales causó algunos aplazamientos del juicio. A muchos reclusos se les pospusieron las fechas de la corte debido a la falta de transporte de la prisión a la corte o porque su abogado, acusados, intérpretes o testigos no comparecieron. A pesar de las protecciones para los acusados en la ley, en algunos casos las autoridades retuvieron a los presos más allá de los plazos legalmente obligatorios, incluso cuando no hubo cargos formales contra ellos.
- DENEGACIÓN DE JUICIO PÚBLICO JUSTO
La ley establece un poder judicial independiente; sin embargo, el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave. El NOPD informó que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de hábeas corpus para liberar a los detenidos.
PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
La ley establece el derecho a la defensa en un juicio justo y público; sin embargo, el poder judicial no siempre hizo cumplir este derecho. Los tribunales frecuentemente excedieron el período máximo de tiempo establecido por la ley para establecer fechas de audiencia.
La ley establece una presunción de inocencia. La Oficina del Fiscal de Distrito debe notificar a los acusados y sus abogados de los cargos penales. Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio y consultar con un abogado de manera oportuna. Los indigentes tienen derecho a un defensor público, pero el director de la Oficina del Defensor Público dijo que el número de defensores públicos era insuficiente. Los acusados tienen el tiempo y las instalaciones adecuadas para preparar una defensa. La ley prevé la interpretación libre según sea necesario. La ley establece el derecho a confrontar o interrogar a los testigos y el derecho contra la autoinculpación. Los acusados tienen derecho a presentar sus propios testigos y pruebas. La constitución establece el derecho de apelar y prohíbe que los tribunales superiores aumenten las penas de los tribunales inferiores.
Los tribunales militares y policiales comparten jurisdicción sobre casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. Los tribunales militares tienen jurisdicción sobre los casos de violaciones de las normas y reglamentos militares. Los tribunales penales civiles manejan casos de asesinatos y otros delitos graves presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
PRESOS Y DETENIDOS POLÍTICOS
No hubo informes de presos o detenidos políticos.
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS JUDICIALES CIVILES
Existen sistemas judiciales separados para el derecho penal, el derecho mercantil y civil y el derecho laboral. Según los informes, los tribunales comerciales y civiles tuvieron demoras prolongadas en la adjudicación de casos, aunque sus decisiones finales generalmente se aplicaron. Al igual que en los tribunales penales, la influencia política y económica indebida en las decisiones de los tribunales civiles siguió siendo un problema.
Los ciudadanos tienen el recurso de presentar un amparo , una acción para buscar reparación de cualquier violación de un derecho constitucional, incluidas las violaciones de los derechos humanos. Este remedio fue utilizado con poca frecuencia y solo por aquellos con asesoría legal sofisticada.
- INTERFERENCIA ARBITRARIA O ILEGAL CON LA PRIVACIDAD, LA FAMILIA, EL HOGAR O LA CORRESPONDENCIA
La ley prohíbe la entrada arbitraria en una residencia privada, excepto cuando la policía persigue a un sospechoso, un sospechoso es atrapado en el acto de cometer un delito o la policía sospecha que una vida está en peligro. La ley establece que todas las demás entradas a una residencia privada requieren una orden de arresto o registro emitida por un juez. Sin embargo, la policía realizó registros e incautaciones ilegales, incluidas muchas redadas sin orden judicial en residencias privadas en barrios pobres.
Grupos de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas críticos con el gobierno alegaron que el gobierno usó escuchas telefónicas no autorizadas, monitoreó correos electrónicos privados y otros métodos subrepticios para interferir con las vidas privadas de individuos y familias. El gobierno negó esto. Los partidos políticos de oposición alegaron que los funcionarios del gobierno a veces amenazaron a sus subordinados con la pérdida de empleo y otros beneficios para obligarlos a apoyar a los candidatos PLD.
Sección 2. Respeto a las libertades civiles, incluyendo:
- LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUSO PARA LA PRENSA
La Constitución establece la libertad de expresión, incluso para la prensa, y el gobierno generalmente respetó este derecho. Los medios expresaron una amplia variedad de puntos de vista, pero la concentración de la propiedad de los medios, las debilidades en el poder judicial y la influencia política limitaron la independencia de los medios.
Libertad de expresión: Las personas y los grupos generalmente podían criticar al gobierno pública y privadamente sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa. En septiembre, un programa de noticias de televisión presentado por un conocido periodista fue cancelado dos días después de presentar un informe de investigación alegando que la hermana del fiscal general recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos ($ 15 millones), posicionándola como el único proveedor de asfalto. productos al gobierno. El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas. El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales. El 30 de septiembre
Violencia y acoso : los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente. Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial. En octubre, un comentarista de televisión local en la provincia de Monte Plata informó que recibió amenazas debido a su cobertura crítica de las conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes. La Asociación Interamericana de Prensa informó que los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de los detalles de seguridad militares y policiales de los funcionarios del gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.
