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El autor es escritor y líder medioambiental.
CIUDAD DE MÉXICO — Homero Gómez González, líder ejidal que en algún momento administró el santuario Sierra del Campanario en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca —donde está la mayor colonia de esas mariposas que migran a México— desapareció el 13 de enero. Dos semanas después, se encontró su cadáver en una olla de agua para uso agrícola, a unos cien metros del último lugar en el que fue visto, en la fiesta patronal de la comunidad El Soldado Anónimo, en el municipio michoacano de Ocampo.
Es el primer defensor del medioambiente en México que aparece muerto en 2020. Aunque las circunstancias de su muerte no están claras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán considera que se debió a sus esfuerzos en preservar el hábitat de las mariposas monarca. Esta es una noticia triste y dura, pero sobre todo preocupante. Hasta mediados del año pasado, 13 personas murieron por su labor valiente en la protección de la naturaleza y en 2018, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 21 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente —el 39 por ciento de las agresiones registradas vinieron de autoridades—. Las personas que están en la primera línea de defensa del patrimonio natural mexicano viven bajo constante amenaza.
Es momento de que el gobierno de México se comprometa de manera firme con la protección de los defensores de la Tierra.
El dilema es simple: si en México se continúa asediando, desapareciendo y matando con absoluta impunidad a los activistas, ¿quién protegerá a la naturaleza? No hay otra respuesta que garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los ambientalistas y respetar sus acciones, hacer cumplir las leyes y llevar a la justicia a los criminales, aun cuando estos sean parte del gobierno.
Aunque por más de un año no ocupó ningún cargo en el ejido El Rosario, Gómez era un líder apasionado en la defensa de las mariposas monarca y su hábitat en el estado de Michoacán. La tala ilegal, incluida la tala camuflada como “tala de salvamento”, además de la operación de varios cárteles del crimen organizado que han empezado incursionar en la industria del aguacate —lo que ha llevado a una mayor tala ilegal de bosques para plantar más árboles de aguacate—, han puesto en peligro inminente a la Reserva.
En México se ha asesinado impunemente a muchos ambientalistas que han sido cruciales para cuidar los recursos naturales del país. En 2017, fue baleado en Chihuahua el defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara Isidro Baldenegro López. El rarámuri de 51 años había recibido el premio Goldman en 2005 por su oposición a los talamontes y narcotraficantes —a menudo aliados— que están devastando el territorio de los rarámuri. Una figura molesta para autoridades, sectores empresariales y talamontes, Baldenegro fue encarcelado con cargos falsos en 2003. Pero no fue suficiente: después de recibir constantes amenazas, un sicario le dio seis tiros. El asesino material fue condenado, pero no han sido detenidos los autores intelectuales. Van al menos quince defensores ambientales tarahumaras asesinados en los últimos diez años, mientras que el 99 por ciento del bosque original de la Sierra Tarahumara ha sido talado.
El recuento de asesinatos es interminable: el 20 de febrero de 2019 fue muerto a balazos el activista náhuatl Samir Flores Soberanes —opositor del gasoducto en Amilcingo y de la planta termoeléctrica de Huexca— en el estado de Morelos; en Chiapas, al sur de México, el lunes 10 de junio del mismo año asesinaron a tiros al ambientalista José Luis Álvarez Flores, fundador de un refugio para saraguatos negros y garzas tigre, quien había denunciado la extracción ilegal de arena y material pétreo de los márgenes del rio Usumacinta. Ninguno de estos casos ha sido resuelto y sus muertes permanecen impunes.
No lejos de donde fue asesinado Álvarez Flores, en Palenque, está planeada una de las 17 estaciones de tren en los cinco estados del sureste mexicano que cruzará el Tren Maya, uno de los grandes proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, las estaciones serán polos de desarrollo inmobiliario y económico: el tren no solo servirá para el traslado de turistas y locales, sino también de carga y de combustibles. Ya varias comunidades indígenas han impugnado la que llaman “la simulada y fraudulenta consulta indígena” para aprobar el proyecto. Fue llevada a cabo por el gobierno en diciembre con la participación de solo el 2,86 por ciento del padrón electoral de la población afectada. La ONU rechazó la consulta por no cumplir con los estándares internacionales y la construcción del tren ha sido objetada por organizaciones dedicadas al cuidado medioambiental y por expertos en conservación de la naturaleza.
