El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asesta un nuevo golpe a la oposición con la entrega de dos de sus principales partidos, Primero Justicia y Acción Democrática, a direcciones menos beligerantes con el Gobierno de Nicolás Maduro. El lunes emitió una sentencia por la que suspende de sus funciones a la actual dirección del histórico partido opositor Acción Democrática (AD) y decide nombrar una directiva ad hoc para llevar a cabo un proceso de reestructuración interna. Y este martes hizo lo mismo con Primero Justicia (PJ), la formación de Henrique Capriles y Julio Borges. El fallo del tribunal, controlado por el chavismo, reconoce a Bernabé Gutiérrez, hasta hace poco secretario de Organización del Acción Democrática, como el nuevo presidente de esa organización; y a José Brito, expulsado de PJ por presunta corrupción, como el nuevo coordinador nacional del partido.
Estas decisiones judiciales constituyen un golpe político también en contra de Henry Ramos Allup, destacado dirigente opositor, secretario general de AD durante 20 años, quien controla completamente las simpatías y la estructura interna del partido, y que hace muy poco había declarado la decisión de su formación de no en participar en las elecciones parlamentarias que está planeando el Gobierno para fines de este año, por considerar que carecen de garantías suficientes. En los mismos términos se pronunció Primero Justicia, que condenó la designación unilateral de la nueva autoridad electoral por parte del Supremo: “Nicolás Maduro y el TSJ continúan su violación a la Constitución al cerrar la puerta de elecciones libres”.
Bernabé Gutiérrez, que era considerado un aliado de Ramos Allup en las filas de Acción Democrática, había insistido en cambio en la necesidad de participar en los próximos comicios legislativos, igual que algunas organizaciones minoritarias de la oposición. Con esas premisas, propuso la celebración de una consulta interna para dirimir las diferencias de criterio. José Brito está acusado de haber participado en una trama corrupta que tenía el propósito de limpiar la imagen de empresarios vinculados al régimen y por ello fue apartado de su organización.
Un análisis extendido interpreta que la decisión del TSJ persigue el mismo objetivo que la que tuvo lugar con Luis Parra y otros políticos opositores disidentes acusados de corrupción en enero de este año. Es decir, “clonar” a su directiva con políticos más afines y otorgarles a continuación la validez legal de las instituciones del chavismo, con el objeto contrarrestar el pulso de Juan Guaidó y fortalecer sus convocatorias
Primero Justicia y Acción Democrática son miembros del denominado G-4 (integrado, además, por Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), alianza de los cuatro partidos opositores más grandes que fundamenta el respaldo a Guaidó. Esa plataforma está acompañada por otras organizaciones más pequeñas, como Proyecto Venezuela, Encuentro Ciudadano y Causa Radical y abarca al menos el 90% del activismo de la oposición venezolana.
Las decisiones se concretan casi inmediatamente después de que el propio tribunal decidiera por cuenta propia la conformación de los miembros del nuevo Consejo Nacional Electoral de cara a unos próximos comicios parlamentarios, pasando por encima de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, organismo constitucionalmente facultado para hacerlo. Uno de los rectores designados por el Supremo es José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé.
Fundador del régimen democrático creado en Venezuela en 1958, Acción Democrática fue el gran partido de masas en la Venezuela del siglo XX. De orientación socialdemócrata, miembro de la Internacional Socialista, a sus filas pertenecieron cinco expresidentes venezolanos de la segunda mitad del siglo XX: el escritor Rómulo Gallegos; Rómulo Betancourt –fundador del partido y padre de la democracia en Venezuela–; Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi
“Acción Democrática no se va a jugar su destino en manos de ladrones. AD va a resistir”, ha declarado Ramos Allup en alusión a los jueces del TSJ. El ponente de la sentencia del Supremo venezolano, Juan José Mendoza, ha sido militante y conocido diputado chavista en la década pasada. El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática ha recibido palabras de solidaridad de casi todos los sectores de la opinión pública venezolana, incluyendo al Partido Comunista de Venezuela, PCV, organización aliada del chavismo, que emitió un comunicado en el cual rechaza “la judicialización de los procesos internos de los partidos políticos” y acusa al TSJ de “promover acciones acomodaticias e ilegítimas.”
Luego de sufrir un duro descalabro con la irrupción de Hugo Chávez en la política venezolana, en 1999, Acción Democrática ha afrontado un proceso de reconstrucción bajo la férrea disciplina interna impuesta por Ramos Allup, dirigente que es considerado todo un clásico en la política venezolana, uno de los pocos activistas sobrevivientes de la vida pública del siglo XX en el país.
Un partido con clara vocación electoral, Acción Democrática ha evidenciado en estos años una línea opositora más moderada frente a Nicolás Maduro que la observada por Voluntad Popular y Primero Justicia, movimientos que el chavismo considera sus principales adversarios. Maduro ha intentado en otras ocasiones tentar a AD con llamamientos a dialogar y guardaba la esperanza de que se animara a participar en sus elecciones parlamentarias.
