MANAGUA, Nicaragua. “En el barrio Memorial Sandino, las calles eran de tierra.
En verano era puro polvo y en invierno un lodazal, nuestro gobierno revolucionario ha mejorado la situación, hasta semáforos puso para que vivamos mejor”, afirma, convencida, Juana Izaguirre.
Izaguirre, una promotora social de baja estatura y piel morena, retrata a un segmento de la población de Nicaragua que sigue fiel al Frente Sandinista y al presidente Daniel Ortega, quien el 19 de julio de 1979 emergió como el líder de una insurrección popular que depuso al entonces dictador Anastasio Somoza.
Ahora, 39 años más tarde, Ortega encadena un nuevo ciclo de 11 años en el gobierno, en medio de una oleada de protestas reprimidas con violencia desde hace tres meses por fuerzas progubernamentales, con saldo de unos 280 muertos. Lo que le ha valido comparaciones con el régimen de Somoza.
El barrio Memorial Sandino, en cuya entrada principal destaca una silueta de metal del sombrero del héroe nacionalista Augusto Sandino, se encuentra al sureste de Managua bordeado por dos pistas de circunvalación.
Ortega retornó al poder en 2007 aupado por una generosa ayuda venezolana estimada en unos 500 millones de dólares anuales, con los cuales impulsó planes sociales de viviendas, calles, electrificación, subsidios al pasaje de autobús y engrosó la planilla estatal.
Esa ayuda se secó con la crisis de Venezuela en los últimos años.
“El comandante”, como le dicen sus seguidores, “nos ha ayudado a salir de la pobreza, nuestro país estaba bien maltratado” por los gobiernos previos al regreso de Ortega, manifestó Izaguirre.
La polarización que vive el país impactó al sandinismo que ha visto la destrucción de sus símbolos, como la quema de su bandera roja y negra en plazas públicas o el derribo de los “árboles de la vida”, estructuras de metal en forma de árbol que simbolizan el poder de la vicepresidenta Rosario Murillo, su gestora.
Ciudades como Masaya, León, Estelí, Matagalpa y los barrios orientales de Managua, otrora bastiones de la lucha contra la dictadura de Somoza, se han volcado ampliamente contra Ortega.
El mandatario, que califica las protestas como un intento de golpe de Estado, lanzó a inicios de julio una ofensiva para “liberar a las ciudades” de los tranques (bloqueos), que llegaron a cubrir el 70% de las vías en el país.
Sus adversarios le critican por corrupción y nepotismo en su gobierno, pero para seguidores como Izaguirre, esos son “inventos” de la derecha. Ella defiende sin titubeos “nuestro gobierno”.
Para ella, las denuncias de represión contra manifestantes con el uso de fuerzas combinadas de la policía y paramilitares encapuchados, son una mentira opositora porque “los únicos que andan tirando balas son ese poco de pandilleros y ladrones”, sostiene.
Pequeños y grandes negocios han cerrado sus puertas afectados por la crisis y el gobierno modificó su proyección de crecimiento económico para este año de 4.9% a 1%.
Aunque analistas independientes estiman que, de prolongarse la crisis, la economía se contraerá hasta 5.4% y más de 200 mil empleos se habrán perdido.
“Estamos orando a Cristo para que todo se calme, para mí no es correcto (las protestas) porque todos sufrimos, no trabajamos en paz, he perdido de ganar en varias ferias”, los mercados callejeros temporales, se quejó Osejo.
La crisis del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) toma cuerpo en Monimbó un barrio indígena de origen prehispánico y cuya beligerancia inició cuando sus habitantes alimentaron el sistema de encomiendas.
Muchos de sus habitantes formaron parte de los 90 mil indígenas que murieron en sólo 24 años a manos de conquistadores españoles en la actual provincia de Masaya, donde se ubica.
Pero Monimbó es doblemente significativo para el presidente Daniel Ortega, pues ahí murió en la refriega su hermano menor Camilo Ortega Saavedra.
