El presidente de Haití sabe que tiene un problema: gobernar un país que a veces parece rozar lo ingobernable es bastante difícil cuando se tiene mucho apoyo.
Está claro que Jovenel Moïse no lo tiene.
En una entrevista reciente, el líder haitiano se lamentó de que solo tiene la confianza de una pequeña parte de su pueblo. Ganó las elecciones de 2016 con algo menos de 600.000 votos en un país de 11 millones de personas. Y ahora muchos están enojados por su negativa a dejar el cargo en enero, en medio de una disputa sobre si su mandato terminaba entonces o debía prolongarse un año más. Sin embargo, Moïse, de 52 años, ha escogido este momento para embarcarse en la mayor sacudida de la política haitiana en décadas, y supervisa la redacción de una nueva Constitución que reestructurará el gobierno y dará mayores poderes a la presidencia.
La necesidad de una nueva Constitución es un raro punto de acuerdo entre Moïse y sus numerosos detractores. Lo que preocupa a algunos observadores es el enfoque unilateral del presidente para redactarla. Otros simplemente no confían en él.
Moïse, según los críticos, se ha vuelto cada vez más autocrático y se apoya en un pequeño círculo de confidentes para redactar un documento que, entre otros cambios, dará al presidente mayor poder sobre las fuerzas armadas, así como la posibilidad de presentarse a dos mandatos consecutivos. También otorgaría al líder de Haití inmunidad por cualquier acción realizada en el cargo.
Moïse dice que la ampliación de poderes es necesaria.
“Necesitamos un sistema que funcione”, dijo en la entrevista telefónica. “El sistema actual no funciona. El presidente no puede trabajar para cumplir”.
Haití obtuvo su independencia en 1804, después de que los haitianos se alzaran contra la Francia colonial, pero no fue hasta 1990 cuando tuvo sus primeras elecciones ampliamente consideradas como libres y justas. Incluso entonces, en un país con una larga historia de dictaduras y golpes de Estado, la democracia nunca se ha arraigado del todo.
Muchos haitianos dicen que es necesaria una nueva Constitución. La actual ha creado dos centros de poder que compiten entre sí en el país —el presidente y el primer ministro —, lo que a menudo provoca fricciones y un gobierno fracturado.
El proyecto de Constitución suprimiría el Senado, y dejaría en su lugar un único órgano legislativo elegido cada cinco años, y sustituiría el cargo de primer ministro por un vicepresidente que responda ante el presidente, en un intento de simplificar el gobierno.
Los haitianos votarán la nueva Constitución en junio, antes de las elecciones nacionales previstas para septiembre.
Sin embargo, algunos no se sienten muy tranquilos con la votación que se avecina.
“La gente tiene que darse cuenta de que las elecciones no son inherentemente equivalentes a la democracia”, dijo Jake Johnston, investigador asociado del Centro de Investigación Económica y Política en Washington.
Cada vez que hay una crisis política en Haití, dijo, la comunidad internacional tiende a pedir elecciones. Eso deja al país pasando de un gobierno paralizado a otro, en lugar de intentar reformar el proceso electoral y trabajar para conseguir la participación de los votantes.
“Cuando unas elecciones dejan de representar realmente la voluntad del pueblo, ¿qué tipo de gobierno esperan que produzca?”, preguntó Johnston.
Desde 1986, tras casi 30 años de dictadura, la participación electoral ha disminuido constantemente en Haití. Solo el 18 por ciento de los haitianos con derecho a voto participaron en las elecciones de 2016 que llevaron a Moïse al poder.
Ahora, el profundo marasmo económico y social del país solo puede animar a más haitianos a quedarse en casa cuando llegue el momento de votar por la nueva Constitución y luego por un nuevo presidente.
El desempleo es galopante y la desesperación está en su punto más alto. Muchos haitianos son incapaces de salir a la calle para hacer el mercado sin preocuparse de que los secuestren para pedir un rescate.
Moïse dice que a él también le preocupa la participación electoral.
“Hay una mayoría silenciosa”, dijo. “Muchos haitianos no quieren participar en algo que creen que será violento. Necesitamos paz y estabilidad para animar a la gente a votar”.
A medida que se acerca el referéndum de junio sobre la Constitución, el gobierno trata de registrar a cinco millones de votantes, dijo Moïse. Su objetivo, explicó, es inyectar al proceso más legitimidad de la que tuvo su presidencia.
Según las Naciones Unidas, hay al menos 6,7 millones de votantes potenciales en Haití. Otros dicen que esa cifra es un recuento insuficiente, ya que muchos haitianos son indocumentados y sus nacimientos nunca se registran ante el gobierno.
En un esfuerzo por aplacar a los críticos, y aliviar las preocupaciones de que se posiciona para beneficiarse de la nueva Constitución, Moïse ha prometido no presentarse a las próximas elecciones.
Pero para arreglar el país antes de retirarse, dice, necesita acumular suficiente poder para enfrentarse a una oligarquía que, según él, ha paralizado Haití para aprovecharse de un gobierno demasiado débil para regular o cobrar impuestos sus negocios.
“Hoy en día sufrimos la captura del Estado, es el mayor problema al que nos enfrentamos”, dijo Moïse.
Algunos ven con profundo escepticismo las afirmaciones de Moïse de que se ha convertido en un enemigo de las grandes empresas al intentar regularlas. Dicen que el presidente simplemente trata de avivar el sentimiento populista para desviar la atención de los fracasos de su propio gobierno y dejar de lado a sus oponentes políticos.
Otros están dispuestos a ser más colaborativos, pero dicen que él no ha hecho lo suficiente para conseguir apoyo.
“El problema es la forma en que Moïse ha actuado”, dijo Alexandra Filippova, abogada del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, una organización que proporciona representación legal a las víctimas de abusos de los derechos humanos. “Lo está impulsando unilateralmente”.
El proyecto de Constitución, por ejemplo, publicado el mes pasado, solo está disponible en francés —que la gran mayoría de los haitianos no lee— en lugar de en criollo.
Y no se invitó a ningún miembro de la sociedad civil a participar en la redacción del documento. En su lugar, Moïse nombró una comisión especial para hacerlo. Esto, según los críticos, disminuye las posibilidades de un progreso real.
“Se supone que el cambio constitucional debe reflejar algún tipo de consenso social”, dijo Filippova.
Maria Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para el Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Síguela en Twitter: @abihabib
