CIUDAD DE GUATEMALA — Varios integrantes de la élite política de Guatemala, que alguna vez fueron intocables pero hoy están encerrados en las barracas de una base militar, preparan su regreso al poder.
Expresidentes, ministros, diputados, jueces y empresarios encarcelados gracias a una lucha de años contra sobornos e impunidad pasan las horas muertas haciendo jardinería, afinando guitarras, estudiando inglés, cocinando para visitantes dominicales… y alistando una campaña para poner fin a las investigaciones anticorrupción que los llevaron a prisión.
El blanco de esa campaña es un pánel de investigadores internacionales, respaldado por las Naciones Unidas, que ha liderado una de las luchas más efectivas contra la corrupción en América Latina y que ha sido ejemplo en una región que batalla para atajar la corrupción que origina gran parte de la desigualdad y la violencia.
La comisión trabaja en conjunto con los procuradores guatemaltecos y tiene como misión fortalecer las instituciones de la frágil democracia establecida después de décadas de regímenes militares y de la guerra civil de 36 años de duración.
Las personas acusadas tienen un poderoso aliado: el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Aunque durante su campaña se presentó como un hombre reformista, cuando él y sus familiares fueron señalados de haber cometido crímenes por los investigadores, cambió rápidamente de opinión.
“Los empresarios que fueron acusados, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; todo el gobierno: la pretensión es obtener impunidad”, dijo Velásquez. Para eso “tienen que permanecer con el control del Estado”.
A un mes de la primera vuelta presidencial de junio, los prisioneros y sus aliados están conspirando para ganar las elecciones y así poder asegurarse de que la Cicig desaparezca.
Quedaron un paso más cerca de su meta el 15 de mayo gracias a una decisión de la Corte de Constitucionalidad: Thelma Aldana, la exfiscalay la única de los candidatos presidenciales más conocidos que respalda a la Cicig, no podrá postularse para las elecciones.
Eliminar de la contienda a Aldana, quien fue elogiada a nivel internacional por su participación en la lucha anticorrupción, vuelve casi una certeza que la Cicig dejará de existir cuando termine su mandato este septiembre, según afirma Alexander Aizenstadt, abogado experto en Derecho Constitucional.
Aizenstadt sostiene que el impulso en contra de la corrupción ha sido tan popular entre los guatemaltecos que quien resulte electo no podría eliminar la Cicig sencillamente. Pero el abogado también advierte que un posible sustituto terminaría por ser un organismo débil y solamente tomaría algunos pasos “para apaciguar el sentir público”.
La supervivencia de la Cicig tiene grandes implicaciones, y no solamente dentro de Guatemala.
Desde que fue establecida hace doce años, la comisión ha procesado más de cien casos y ha presentado cargos contra unas setecientas personas involucradas en más de sesenta redes criminales; en el transcurso se ha ganado la simpatía de muchos guatemaltecos que han salido a protestar a las calles en su defensa. Durante la campaña presidencial, con diversas encuestas que muestran una desconfianza hacia el gobierno y los políticos, la Cicig suma el respaldo de más de la mitad de la población.
Si los recientes esfuerzos contra la corrupción en Guatemala son frenados, se sentiría el efecto hasta en Estados Unidos, donde la política hacia la región se ha enfocado en detener el flujo de narcóticos y el éxodo de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia. No será posible combatir esos problemas si no hay un Estado de derecho, afirmó William Brownfield, investigador sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y quien fue subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.
“El trabajo de la Cicig sí llega a las causas de la migración, de las pandillas, de temas relacionados a las drogas”, dijo Brownfield.
Los países vecinos de Guatemala también ven a la Cicig como un modelo. En Honduras un organismo similar, aunque con menos fuerza, ha revelado redes de corrupción entre diputados. El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, también ha propuesto la creación de una comisión contra la impunidad y el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció el 13 de mayo el establecimiento de una comisión técnica con cinco especialistas internacionales.
Sin embargo, los desafíos para el Estado de derecho en la actualidad sugieren que los avances contra la corrupción siguen siendo muy frágiles, no solo en Guatemala sino en buena parte de América Latina. El desagrado que va en aumento entre la gente respecto a los sobornos y la falta de gobernanza ayudaron a impulsar investigaciones que destituyeron a presidentes y encarcelaron a directores empresariales, pero también generaron una feroz resistencia por parte de quienes detentan el poder.
En Guatemala, políticos, líderes empresariales y las fuerzas armadas se han unido para luchar contra la comisión. Argumentan que el involucramiento de extranjeros (Velásquez es colombiano) en las investigaciones de Guatemala socavan la soberanía del país. También critican el uso de informantes que tiene la comisión y denuncian que se viola la presunción de inocencia de quienes son acusados. Sobre todo, dicen que los procesos de la Cicig están politizados.
“Yo me siento un secuestrado político”, afirmó Carlos Vielmann, exministro de Gobernación. Ayudó a negociar el acuerdo con la ONU para la llegada de los fiscales internacionales y luego fue uno de los acusados por la comisión, tras lo cual terminó como reo en el centro de detención preventivo creado expresamente en la base Brigada Militar Mariscal Zavala, que está ubicada en Ciudad de Guatemala. Vielmann pasó seis meses ahí y fue liberado bajo fianza a principios de mayo.
Las iniciativas para eliminar la comisión internacional han desatado una crisis constitucional desde hace varios meses.
En agosto, el presidente Morales anunció que no iba a renovar el mandato de dos años de la Cicig, el cual vence este septiembre. Luego intentó bloquear sus labores durante su último año de vigencia.
