“El delincuente con fusil debe ser abatido”. Wilson Witzel nunca ocultó sus ideas. Este juez, prácticamente desconocido hasta que se presentó candidato a gobernador de Río de Janeiro, estuvo repitiendo esas palabras durante las 10 semanas que duró la campaña. El domingo pasado, el mismo día que el también amigo de la violencia Jair Bolsonaro se erigía como presidente de la República, Witzel fue declarado vencedor con el 60% de los votos. Las dos victorias están ligadas: recibió el apoyo de uno de los hijos de Bolsonaro, el senador Flavio. Y ahora, que hereda un Estado en bancarrota, roído por la corrupción y la violencia, debe demostrar hasta qué punto está dispuesto a aplicar esa mano dura que prometió y que tanto le acerca al ultraderechista presidente electo.
Río, uno de los Estados más violentos de Brasil, un microcosmos donde en 2017 se registraron 6.749 muertes según el Foro de Seguridad Pública, se convierte así en una especie de laboratorio para las ideas más autoritarias de Bolsonaro. Tanto Witzel como las guerras entre los grupos mafiosos de las favelas y las fuerzas del orden, que intentan frenar la sangría a balazos, ofrecen la excusa perfecta para testar la filosofía del nuevo presidente:
“El policía que no mata no es policía”. El Ejército también recibió el control de la seguridad del Estado a mediados de febrero: exactamente lo que Bolsonaro ha dado a entender que querría para todo el país.
Así, el juez Witzel sostiene que la única solución posible a tanta violencia es más violencia. “A un malhechor con un fusil lo frena otro fusil. No sirve de nada pedirle que lo deje en el suelo, porque va a disparar. El policía que fuera cuestionado, le va a defender la fiscalía”, anunció la semana pasada en un encuentro con las fuerzas de seguridad. El jueves, ya como gobernador electo, le insistió al diario Estadão:
“Lo correcto es matar al delincuente. Y la policía va a hacer lo correcto. Apuntar a la cabeza y ¡fuego!”.
Vulneración de derechos
Varios colectivos han señalado los problemas, desde éticos o sociales a la vulneración de derechos humanos, que genera esta propuesta. Pero nadie ha sido tan tajante como los especialistas en Derecho: lo que el gobernador propone no es legal. Un delincuente armado no justifica, en la ley brasileña, la legítima defensa. “La policía en principio no mata, solo se defiende”, explica el coronel Robson Silva, de la policía de Río. “Y eso es lo que está previsto en la ley. Abatir es un ataque, un homicidio. En un contexto democrático, si la policía mata, tiene que responder”. Pero este es, desde el domingo pasado, el país de Jair Bolsonaro. El presidente que defiende una ideología similar y pretende reformar el código penal para acomodarla.
La intervención militar acabará, si se cumple lo previsto, el 1 de enero. El mismo día que Witzel asume el Gobierno de Río. Y entonces el poder volverá a los policías, que de repente pueden sentirse autorizados a disparar antes de preguntar. “Y siempre que hay un cambio de Gobierno, las facciones del crimen hacen una demostración de fuerza, se cuelan en territorios ajenos y ponen a prueba la autoridad de los nuevos gobernadores. Ha pasado con todos los Gobiernos. Y probablemente es lo que vamos a vivir”, alerta Silvia Ramos, socióloga y coordinadora del organismo que supervisa la intervención militar de Río.
