La investigación de las ramificaciones del caso Odebrecht en Perú ha dado un paso más con las declaraciones del exdirector ejecutivo de la constructora brasileña en el país andino. El equipo de fiscales encargado de dilucidar el escándalo de sobornos millonarios que ha hecho temblar a los Gobiernos de América Latina se trasladó a la ciudad de Curitiba (Brasil) para interrogar a Jorge Barata. El antiguo directivo confirmó que la compañía destinó fondos de la contabilidad paralela a las campañas electorales de los expresidentes peruanos Alan García (2006), Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016). García se suicidó la semana pasada cuando iba a ser detenido por su implicación en la trama, Humala ya ha pisado la cárcel y Kuczynski se encuentra en una clínica privada por una afección cardíaca a la espera de cumplir tres años de prisión preventiva.
Esos pagos engrasaron, según el testimonio de Barata, también la maquinaria electoral de Alejandro Toledo, cuando este ya había dejado la Presidencia y se disponía disputar de nuevo el poder en 2011, a la excandidata presidencial Lourdes Flores (2006 y 2010) y de la líder opositora Keiko Fujimori (2011), que también está privada de libertad. El exejecutivo corroboró además la aportación de tres millones de dólares a la campaña publicitaria para evitar la destitución de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2013. En la sesión de este miércoles detalló que la constructora pagó sobornos a García a través de un testaferro para garantizar la obtención de concesiones de obras públicas y que pagó a Toledo 27 millones de dólares, hasta 2011, cuatro años después de haber dejado el Gobierno. Una parte fue a su campaña electoral, detalló a EL PAÍS una fuente que participó en la diligencia.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
A raíz del suicidio de García, congresistas y exministros afines a los expresidentes y políticos investigados se manifestaron contra la prisión preventiva por 36 meses alegando que es un abuso. A la crítica se han sumado el actual presidente, Martín Vizcarra, y el primer ministro, Salvador del Solar, quien opina que una medida excepcional se ha convertido en “moneda corriente”. Vizcarra ha añadido que los juicios deben ser más cortos.
Según cifras de enero del Instituto Nacional Penitenciario, solo el 0,9% de la población penal está presa por corrupción. De los investigados por ese delito, dos de cada 100 están detenidos.
El debate sobre el plazo que tardan las investigaciones y los juicios ha obligado al Ministerio Público a aclarar que el Ministerio de Economía no le permite contratar nuevos fiscales. “Existe una disposición en la Ley del Presupuesto 2019 que impide al titular del Ministerio Público la creación de plazas para nombrar fiscales a nivel nacional, lo que no permite una lucha eficaz contra la corrupción y la delincuencia común”, refiere en un comunicado difundido el lunes.
Las declaraciones de Barata se deben a un acuerdo de colaboración firmado el pasado 14 de febrero por la empresa con los fiscales y la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht. La compañía reconoce que pagó sobornos para obtener la concesión de cuatro obras públicas y se compromete al pago de una reparación civil a cambio de que sus extrabajadores brasileños no sean procesados en la justicia peruana, pues ya enfrentan cargos en su país.
