El presidente estadounidense, Donald Trump, escaló su descarga verbal contra los migrantes esta semana al anunciar un plan ridículo para desplegar a tropas a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Tal acción tiene, si acaso, un fundamento legal tenue y ninguno en cuestión de lógica, y resultará en gastos de fondos públicos que sería mejor destinar a otros temas.
Trump desde hace mucho tiempo ha atizado los temores xenófobos hacia cualquier recién llegado de sus simpatizantes y base política. Antes de las elecciones de medio mandato de este noviembre parece estar desesperado por encontrar maneras de compensar sus fracasos para cumplir en la promesa de construir un muro “grande y hermoso” en la frontera sur que México supuestamente pagaría.
El domingo, Trump lanzó una nueva ronda de tuits confusos con aseveraciones engañosas sobre migrantes sin documentos. El presidente estadounidense tuiteó sobre la “gran caravana de personas de Honduras que viene por México hacia nuestra frontera de ‘leyes débiles’”, una sugerencia de que se acercaban hordas centroamericanas para aprovecharse del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). “Hay que pasar leyes duras y construir el MURO”, dijo en otro tuit. “¡Los demócratas permiten fronteras abiertas, drogas y crimen!”.
El martes declaró que había una necesidad urgente de movilizar a militares a la frontera para confrontar la creciente amenaza. El miércoles giró la orden.
Es el deber de un presidente defender al país y ya hay precedentes para poner a tropas en la frontera. Pero la acción de Trump no está basada en la realidad migratoria de los últimos años. La cantidad de personas detenidas en la frontera se desplomó de más de 1,6 millones en 2000 a 310.000 el año pasado, el nivel más bajo desde 1971. Las causas principales son un menor crecimiento poblacional, mejores oportunidades económicas en México y una seguridad fronteriza fortalecida en Estados Unidos, resultado de una inversión en miles de guardias, barreras físicas y tecnología.
Como muchas de las decisiones del presidente, la de poner a tropas en la frontera parece impulsiva, rencorosa y motivada por cuestiones políticas. Kristjen Nielsen, la encargada de Seguridad Nacional, y otros asesores le habrían presentado la idea brevemente a Trump la semana pasada. Aun así, después del anuncio inesperado del martes, la Casa Blanca no pudo explicar sus intenciones, como a cuántas tropas y a cuáles planeaba desplegar. No hubo consulta alguna con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, cuyo embajador en Estados Unidos calificó la decisión como inoportuna.
Trump se siente acorralado por sus simpatizantes que creían en su promesa de construir un muro pagado por México. Y este país no solo se ha rehusado a financiar este disparate, sino que el Congreso de Estados Unidos también le puso freno al aprobar 1600 millones de dólares en un proyecto presupuestario reciente en vez de los 25.000 millones que pedía Trump. Pese a que se oponen al muro fronterizo, los líderes demócratas ofrecieron financiarlo si Trump respaldaba una medida para que 1,8 millones de jóvenes migrantes que calificarían para DACA accedan a una posible ciudadanía. Él se rehusó.
Un impedimento a utilizar las tropas en la frontera es la ley estadounidense. La Ley de Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de las fuerzas armadas para responsabilidades civiles de aplicación de la ley, a menos que haya autorización del Congreso o vía las previsiones de la Constitución. No osbtante, desde los ochenta, el Departamento de Defensa, incluida la Guardia Nacional, ha dado apoyo indirecto a temas de combate al terrorismo y al narcotráfico en la frontera.
En 2010, el entonces presidente Barack Obama envió a 1200 integrantes de la Guardia Nacional a la zona fronteriza para respaldar operaciones contra redes ilícitas de tráfico de personas, de drogas, de armas ilegales y de dinero hasta que se establecieron protecciones fronterizas más sólidas. En 2006, el presidente George W. Bush respondió a solicitudes de los gobernadores de Arizona, California, Nuevo México y Texas con el despliegue de 6000 miembros de la Guardia Nacional para asistir con temas de ingeniería, aviación, identificación de quienes ingresan y más. El Pentágono ha sido reacio a involucrarse en tales actividades, que le restan tiempo a su misión central de prevenir y combatir guerras. Con operaciones de combate activo en Afganistán, Siria, Irak y otros lugares, es probable que sea aún más reacio ahora, especialmente si el operativo no tiene previstos límites de duración y alcance.
Las operaciones fronterizas usualmente causan peleas entre el Pentágono, el Congreso y los estados sobre quién debe pagar la cuenta. Esa tensión probablemente se sentirá todavía más en esta ocasión si los legisladores y los gobernadores se oponen al despliegue.
Gastar millones de dólares para operaciones no pertinentes no parece ser algo que preocupe a Trump, quien se nota indiferente al creciente déficit federal; también sugirió, de manera inapropiada, que el Pentágono podría pagar el muro. Todo ello socava sus afirmaciones previas de que el Pentágono no recibe suficiente financiamiento y necesita un aumento inmenso a su presupuesto para 2019, a un total de 716.000 millones de dólares, los cuales ya están apartados y pensados para aumentar el sueldo de las tropas y comprar nuevas armas.
Trump, de nuevo, demuestra una incapacidad de hacer juicios sensatos y bien pensados sobre qué se necesita para liderar una nación y mantenerla a salvo. Ha recurrido a la táctica demagógica de fomentar el miedo y no parece entender por qué se estableció en un inicio la ley Posse Comitatus: para limitar los poderes del gobierno federal a utilizar a personal militar para la aplicación de políticas domésticas dentro de Estados Unidos. Debería reconocer que es una iniciativa costosa y que debe usarse poco, si acaso usarse, y definitivamente no para propósitos políticos burdos.
